Las fuerzas de seguridad y el gobierno de la provincia se mostraron sorprendidos e indignados por lo que ocurrió en Aimogasta. Sin embargo, no se hacen cargo que la formación policial tiene grandes falencias. Hace seis años el Ejecutivo hizo un proyecto para mandar a los uniformados al psicólogo. Al parecer no lo cumplió.
Hace seis años el Gobierno Provincial dijo que mandaría a los policías al psicólogo. Cientos de denuncias por abuso policial, torturas y gatillo fácil movilizó al Ejecutivo Provincial con Angel Maza como gobernador, Beder Herrera como vice y Alberto Paredes Urquiza como ministro de Gobierno y Seguridad. Comenzaron a estudiar la posibilidad de mandar al psicólogo a los uniformados que se encuentran en actividad. Sin embargo, la motivación no pasaba por las madres del dolor que fabrica la política de seguridad local todas las semanas, incluido el asesinato de Belén Brizuela en Aimogasta el pasado domingo, sino por el fallido test de un grupo de jóvenes que aspiraban a ser parte de la policía en el 2006.
En ese momento fue el propio ministro Paredes Urquiza, quien reveló que de 400 aspirantes a policía, el 60 por ciento fue rechazado por problemas psiquiátricos. Tenían entre 18 y 25 años y representaban un importante sector de la comunidad local. Y a instancias de es funcionario fue modificada la ley Nº 7.061que regula el accionar policia. La Cámara de Diputados aprobó una nueva norma, la 8.148, a partir de la cual ordenó la creación de un gabinete de medicina laboral integrado por médicos, psiquiatras y psicólogos dentro de la policía,. En esa misma norma se establece que una vez por año los policías en actividad deben ser sometidos a un análisis psicológico.
En ese momento DataRioja ya advertía que “lo curioso de la decisión del gobierno es lo que los motiva a tomar esta decisión. Todas las semanas hay denuncias públicas sobre los abusos de la policía a adultos y menores detenidos, sin embargo recién con lo que sucedió en el ingreso los hizo reaccionar”.
En ese mismo artículo esta revista recordaba que ese mismo año, en el 2006, Estela Britos madre de Cristian Ruiz y Marina Luna, tía de Aldo Francisco Luna, motivadoras de la marcha de todos los miércoles por la Plaza 25 de Mayo para pedir Justicia por la muerte poco clara de ambos jóvenes en comisarías de la provincia, decidieron suspender sus rondas de protesta por el escaso acompañamiento de la comunidad. Sin embargo, las muertes y abusos que se producen en el marco de las detenciones o una vez encarcelados, continúan aumentando.
A pocos meses de iniciado el 2006 la Policía de la Provincia ya había sumado una buena cantidad de denuncias en su contra. El joven Roberto Agüero que murió hace un mes baleado por el oficial Juan Eduardo Tello, que se encuentra detenido; la denuncias de la madre de Mario Iván Contreras (21) de que su hijo fue baleado con perdigones de goma, la acción penal contra dos policías de Chamical por vejaciones contra un menor, al que golpearon salvajemente por supuestos disturbios en un boliche, son algunos de los casos de la larga lista que continúa manchando la institución policial. A esto hay que agregarle todas las denuncias realizadas entre el 2007 y 2011.
Aunque si de hacer memoria se trata, podríamos recordar como botón de muestra lo que sucedió también en el 2005, cuando la sociedad riojana se enteraba de la balacera contra el joven Ariel Pereyra del barrio Luis Vernet, por un policía que habría estado realizando un operativo de control en la zona o el caso de Miguel Gacetúa, quien radicó una denuncia en contra de los uniformados que estaban de guardia el lunes 30 de mayo en la Comisaría Sexta. A uno de los oficiales se le disparó una escopeta que hirió a Gacetúa en la pierna cuando fue a reclamar por cómo había actuado la policía en un conflicto en su vivienda.
Redacción DataRioja
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