Tiene 9 años, víctima de los narcos que le venden Paco

Doce provincias argentinas no destinan dinero para la prevención y el tratamiento de adictos, según un relevamiento de la SeDroNar. La Rioja es la primera en impulsar la creación de una comunidad terapeútica estatal y gratuita. Sin embargo no alcanza. Sólo hay 2500 plazas disponibles en el país. 52 de ellas en La Rioja. Y son privadas. El costo mensual parte desde $2300 pesos para arriba y dura un promedio de 17 meses. Costo inalcanzable para la gran mayoría de las familias. Pero si fueran gratuitos, aún así son insuficientes. Conozca la radiografía de la situación riojana.

“Para el Estado un adicto es material de descarte” manifesto el periodista y ex adicto Gabriel Genri. “Tenemos un grave problema nacional. Sin dinero para prevención, sin tratamientos asegurados y sin acciones efectivas contra el narcotráfico se configura un futuro negro para nuestra juventud”.


Mientras el jefe de gabinete, Aníbal Fernández impulsa la despenalización de la tenencia de drogas, el narcotráfico se expande y el presupuesto de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) se reduce año tras año.
Abandonadas a su suerte son muy pocas las provincias que elaboraron mecanismos para enfrentar semejante problema. Tan solo 10 gobiernos provinciales destinan dinero para la prevención y el tratamiento de drogadependientes. La Rioja está entre ellas según las cifras que maneja el SEDRONAR.
Consultado al respecto, Alberto Andalor, titular de la Secretaría de Adicciones provincial, confirmó que según el Presupuesto Provincial 2009 - Ley Nº8741, tuvo un total imputado para sus actividades de $3.133.000 pesos.
Muchísimo dinero si lo comparamos con los $135 mil pesos que destino Río Negro con el mismo fin. O si lo comparamos con las 12 provincias argentinas que directamente no destinaron dinero para la prevención y el tratamiento.
Pero resulta un presupuesto ínfimo si los comparamos con los 6 a 12 millones de pesos mensuales que destina el Gobierno riojano a ONG’s de dudosa reputación según las declaraciones del vocal del Tribunal de Cuentas, Gabriel Martín.
Cualquiera sea el punto de vista. Lo cierto es que resulta insuficiente ante el avance del narcotráfico y los problemas que se presentan en la provincia para luchar contra los vendedores de drogas.
En este sentido, el Mapa del Narcotráfico en Argentina reveló una situación largamente silenciada en la provincia. Según el jefe de la División de Toxicomanías, comisario Julio Soria, desde el 2003 se conoce la actividad ilegal de narcotraficantes riojanos y el consumo y la venta de drogas han crecido. Sin embargo, no hay un solo condenado por este delito.
El ministro de seguridad, Carlos Luna, también habló de la situación y sostuvo que el problema se sitúa en la órbita de la Justicia Federal. Por este motivo, el juez federal de La Rioja, doctor Daniel Herrera Piedrabuena tuvo que salir al ruedo y manifestó que falta capacitación y profesionalismo en las tareas investigativas.
En ese marco, ninguno acertó a centrar el debate en torno a las posibles soluciones al problema. Esta falta de operatividad y eficiencia, tiene sus consecuencias.
A nivel nacional, la falta de voluntad política favoreció la instalación en los últimos seis años de 6 carteles de drogas extranjeros en el país y el crecimiento de cocinas de cocaína. A nivel provincial, permitió la creación de una estructura delictiva con raíces riojanas que lleva adelante el segundo mejor negocio a nivel mundial, luego del tráfico de armas.
En los últimos años, sin cifras o estadísticas oficiales los profesionales del área de atención de drogadependientes de la Casa de Día La Rioja afirman que el número de consumidores ha crecido. Estiman que hoy llegarían a seis mil en La Rioja. Pero la proyección surge de las personas que se acercan a demandar tratamiento por voluntad propia. Así las cosas, la cifra podría ser mayor.
De todas maneras, este número alcanza al dos por ciento de la población. Y el número parece chico. Pero para los que están en la primera trinchera de la guerra contra el narcotráfico, peleándole clientes palmo a palmo, el número aparece como gigantesco.
Más aún si tenemos en cuenta que la capacidad instalada para brindar tratamiento es aún insuficiente. En los últimos dos años, la estructura terapéutica privada se triplicó en la provincia. Se paso de 20 a 52 plazas disponibles de internación en comunidades terapéuticas, según explicó Alberto Andalor a RADIO FÉNIX.
A estas cifras hay que sumarle el accionar de Casa de Día La Rioja y la recientemente inaugurada Casa de Día Chilecito que brindan atención ambulante y gratuita a pacientes drogadependientes.
Pero aún así no alcanzan. La oferta de drogas crece a un ritmo acelerado, y con ellos los consumidores. Y en los últimos tres años las fuerzas de seguridad y la Justicia en la provincia no han tenido la contundencia neces aria en su accionar para detener la instalación de kioscos de drogas en la gran mayoría de los barrios capitalinos.
Según Casa de Día La Rioja, recién luego de cinco años de consumo de drogas una persona tiene su primer crisis y recurre a un centro de recuperación.
Esto quiere decir que las demandas de tratamiento aún no alcanzaron su pico. Hoy recurren a tratamiento las personas que comenzaron a consumir drogas antes de la explosión del narcotráfico en nuestros barrios alrededor del 2006. Para el 2011, los adictos que reclamen tratamiento harán colapsar el sistema sanitario.
El panorama es preocupante y son pocas las voces del arco político que parecen comprender su gravedad. Las edades de inicio de consumo bajan en algunas provincias a los 9 años. En La Rioja descendió hasta los doce años, y creció en forma alarmante el consumo entre mujeres.
“¿Quién es el responsable de esta situación?” se pregunta Gabriel Genri. “Las respuestas son variadas y dependen de los intereses de la fuente que las emita. Lo cierto, es que si hay drogas en las calles, el principal responsable es el Estado que no supo, no pudo o no quiso librar la batalla contra los narcotraficantes. Como responsable, el Estado también debería garantizar la atención gratuita de los adictos. Si no lo hace, estaríamos condenando a muerte a más del 80 por ciento de los seis millones de consumidores de drogas que existen en Argentina. ¿Usted podría costear un tratamiento de $2300 pesos mensuales para cada uno de sus hijos?” concluye el periodista.