Según las explicaciones que brindó el vocal del Ente Único de Control de las Privatizaciones (EUCOP) Fabián Cortéz, sobre la gran cantidad de personas que gozan de la tarifa social y de este modo no pagan lo que consumen, el sistema no solo está quebrado por la negligente administración de la empresa Aguas de La Rioja.
Si la comunidad se guiara por la cantidad de personas a las que el Estado les paga el agua, por medio de la tarifa social, significa que en La Rioja hay 20 mil indigentes. Si esto fuera así la cantidad de robos, asaltos y pobreza urbana sería más profunda de lo que hoy se observa.
Cortéz reconoce que es indefendible la lista actual de subsidiados ya que muchos de ellos no cumplen con los requisitos. Cuando una persona se inscribe en el EUCOP para gozar de este beneficio tiene que asegurar que no tiene teléfono fijo ni cable ni sueldo fijo De este modo los postulantes suman o restan puntos según su condición. Cortez explica que la lista pasa del EUCOP al Ministerio de Hacienda de la Provincia que tiene la última palabra.
Desde que asumió Beder Herrera en el 2007 no ha dejado de denunciar y criticar la administración de la concesión de Aguas de La Rioja. Nombró a un interventor y desde diferentes áreas del estado comenzaron a denunciar la cantidad de dinero que debe la empresa y la ausencia de inversiones que exige el contrato. Hace años que presta un servicio deficiente y es criticada por el grueso de la comunidad que recibe el servicio.
Pero el problema no solo lo tiene la empresa sino también lo que el Estado le deja hacer y no hacer desde que está en vigencia la concesión. Desde el 2002 que existe la lista de subsidiados y en cada elección –es decir 2003, 2005, 2007- la lista se ha vuelto casi interminable y sin ningún control. Según Cortéz la lista es la misma que desde el 2003 y solo han variado pocos nombres. Es decir que el descontrol sigue vigente y por lo tanto también la estafa.
La semana próxima se realizará una nueva audiencia pública sobre el servicio de agua y es por eso que el Gobierno ha decidido comenzar a abrir muy lentamente el acceso a la información. Es un secreto a voces que en la lista de beneficiarios con el subsidio hay funcionarios y empresarios y nadie quiere pagar el costo político de que se difunda.
Quienes son titulares del beneficio le pagan cinco pesos al Estado, aunque el funcionario del EUCOP reconoce que en muchos casos ni eso. Que el Ejecutivo se hace cargo del total. Y aquí surge otra gran contradicción: el Gobierno y la empresa insisten en la necesidad de colocar medidores –incluso ya funcionan en algunos barrios de la ciudad- pero ninguno se preocupa por establecer un mecanismo de control para los que gozan del subsidio.
Otras de las versiones es que el pago de 200 mil pesos que hace el gobierno mensualmente por los subsidiados requiere de una larga lista de nombres que lo justifiquen, aunque luego en la realidad ese beneficio no llegue al supuesto titular.
Intervención
El interventor estatal de la empresa Aguas de La Rioja, Juan Luna Corzo, justificó la intervención debido a que se trata de un servicio público vital y advirtió sobre las “dificultades para captar y distribuir el agua". Dijo que se está trabajando para brindar el servicio de agua potable en las mejores condiciones posibles y enfatizó la necesidad de “priorizar” los derechos y necesidades de los usuarios por encima de cualquier otro interés.
El funcionario justificó la intervención debido a que se trata de un servicio público vital y a que La Rioja es la provincia que tiene “mayores dificultades para captar y distribuir el agua” en todo el país.
El interventor señaló además que, tras la auditoría realizada por la UCI, se detectó que Aguas de La Rioja tiene una situación financiera “muy delicada”, con un pasivo de 35 millones de pesos y reclama al Estado Provincial una deuda de 20 millones de pesos “que debemos revisar”.
Para Luna Corzo este cuadro de “descompensación entre activos y pasivos, le genera a la empresa una situación de impotencia para atender aspectos esenciales del servicio” y puso como ejemplo el hecho de que Aguas de La Rioja tenía gastos mensuales de tres millones de pesos pero no invertía ni en una bomba de 150 HP que cuesta 35 mil pesos.
Explicó además que previo a la intervención, sobre un total las 47 perforaciones, había 12 fuera de servicio porque no contaban con sus respectivas bombas; y reprochó a la concesionaria no haber invertido “ni un centavo” para evitar la crítica situación hídrica que afecta al departamento Chamical.
En esta nueva etapa, ya fueron reparadas 4 de las 12 perforaciones que no estaban trabajando y anticipó en los próximos 15 días reingresarán al sistema 7 u 8 perforaciones más.
El funcionario precisó además que la intervención de la concesión se produjo en virtud de lo establecido por la ley 6281, cuyo artículo 13 faculta al Estado Provincial para tomar esta medida en “circunstancias de incumplimiento de disposiciones legales y contractuales”.
Hasta el momento no se sabe si el servicio de agua potable y cloacas quedará en manos de otra sociedad anónima local o de una sociedad mixta. Aunque lo más certero es que de seguir controlando lo poco que controla el EUCOP y de continuar repitiéndose el accionar negligente del Gobierno, el servicio de agua vaya de mal en peor.
Si la comunidad se guiara por la cantidad de personas a las que el Estado les paga el agua, por medio de la tarifa social, significa que en La Rioja hay 20 mil indigentes. Si esto fuera así la cantidad de robos, asaltos y pobreza urbana sería más profunda de lo que hoy se observa.
Cortéz reconoce que es indefendible la lista actual de subsidiados ya que muchos de ellos no cumplen con los requisitos. Cuando una persona se inscribe en el EUCOP para gozar de este beneficio tiene que asegurar que no tiene teléfono fijo ni cable ni sueldo fijo De este modo los postulantes suman o restan puntos según su condición. Cortez explica que la lista pasa del EUCOP al Ministerio de Hacienda de la Provincia que tiene la última palabra.
Desde que asumió Beder Herrera en el 2007 no ha dejado de denunciar y criticar la administración de la concesión de Aguas de La Rioja. Nombró a un interventor y desde diferentes áreas del estado comenzaron a denunciar la cantidad de dinero que debe la empresa y la ausencia de inversiones que exige el contrato. Hace años que presta un servicio deficiente y es criticada por el grueso de la comunidad que recibe el servicio.
Pero el problema no solo lo tiene la empresa sino también lo que el Estado le deja hacer y no hacer desde que está en vigencia la concesión. Desde el 2002 que existe la lista de subsidiados y en cada elección –es decir 2003, 2005, 2007- la lista se ha vuelto casi interminable y sin ningún control. Según Cortéz la lista es la misma que desde el 2003 y solo han variado pocos nombres. Es decir que el descontrol sigue vigente y por lo tanto también la estafa.
La semana próxima se realizará una nueva audiencia pública sobre el servicio de agua y es por eso que el Gobierno ha decidido comenzar a abrir muy lentamente el acceso a la información. Es un secreto a voces que en la lista de beneficiarios con el subsidio hay funcionarios y empresarios y nadie quiere pagar el costo político de que se difunda.
Quienes son titulares del beneficio le pagan cinco pesos al Estado, aunque el funcionario del EUCOP reconoce que en muchos casos ni eso. Que el Ejecutivo se hace cargo del total. Y aquí surge otra gran contradicción: el Gobierno y la empresa insisten en la necesidad de colocar medidores –incluso ya funcionan en algunos barrios de la ciudad- pero ninguno se preocupa por establecer un mecanismo de control para los que gozan del subsidio.
Otras de las versiones es que el pago de 200 mil pesos que hace el gobierno mensualmente por los subsidiados requiere de una larga lista de nombres que lo justifiquen, aunque luego en la realidad ese beneficio no llegue al supuesto titular.
Intervención
El interventor estatal de la empresa Aguas de La Rioja, Juan Luna Corzo, justificó la intervención debido a que se trata de un servicio público vital y advirtió sobre las “dificultades para captar y distribuir el agua". Dijo que se está trabajando para brindar el servicio de agua potable en las mejores condiciones posibles y enfatizó la necesidad de “priorizar” los derechos y necesidades de los usuarios por encima de cualquier otro interés.
El funcionario justificó la intervención debido a que se trata de un servicio público vital y a que La Rioja es la provincia que tiene “mayores dificultades para captar y distribuir el agua” en todo el país.
El interventor señaló además que, tras la auditoría realizada por la UCI, se detectó que Aguas de La Rioja tiene una situación financiera “muy delicada”, con un pasivo de 35 millones de pesos y reclama al Estado Provincial una deuda de 20 millones de pesos “que debemos revisar”.
Para Luna Corzo este cuadro de “descompensación entre activos y pasivos, le genera a la empresa una situación de impotencia para atender aspectos esenciales del servicio” y puso como ejemplo el hecho de que Aguas de La Rioja tenía gastos mensuales de tres millones de pesos pero no invertía ni en una bomba de 150 HP que cuesta 35 mil pesos.
Explicó además que previo a la intervención, sobre un total las 47 perforaciones, había 12 fuera de servicio porque no contaban con sus respectivas bombas; y reprochó a la concesionaria no haber invertido “ni un centavo” para evitar la crítica situación hídrica que afecta al departamento Chamical.
En esta nueva etapa, ya fueron reparadas 4 de las 12 perforaciones que no estaban trabajando y anticipó en los próximos 15 días reingresarán al sistema 7 u 8 perforaciones más.
El funcionario precisó además que la intervención de la concesión se produjo en virtud de lo establecido por la ley 6281, cuyo artículo 13 faculta al Estado Provincial para tomar esta medida en “circunstancias de incumplimiento de disposiciones legales y contractuales”.
Hasta el momento no se sabe si el servicio de agua potable y cloacas quedará en manos de otra sociedad anónima local o de una sociedad mixta. Aunque lo más certero es que de seguir controlando lo poco que controla el EUCOP y de continuar repitiéndose el accionar negligente del Gobierno, el servicio de agua vaya de mal en peor.
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