viernes, 25 de noviembre de 2011

Piden informes a Puricelli sobre pases a retiro en la Armada



Lo hizo el titular de la Comisión de Defensa, Julio Martínez, ante una posible “política arbitraria y discrecional” en materia de ascensos militares. “Pero resulta más grave aún -afirmó el legislador riojano- dado el uso evidente de operaciones de inteligencia por parte de la Armada, lo cuál resulta violatorio tanto de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional como de la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional.”

El pase a retiro del capitán de Fragata Marcelo O. Toulemonde motivó al diputado nacional Julio Martínez a solicitar al ministro de Defensa, Arturo Puricelli, al secretario de Estrategia y Asuntos Militares Licenciado Alfredo Forti y al jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, a que expliquen y brinden información detallada acerca de los fundamentos del pase a retiro de Toulemonde y otros casos cuestionados, como los de los capitanes de Fragata Eduardo Pizzagalli, James Whamond, Gustavo Barreto, Jorge Sciurano y Marcelo Barbich.

“Estos casos son sólo algunos que demuestran una política arbitraria y discrecional en materia de ascensos militares por parte del Ministerio de Defensa”, señaló Martínez, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja.

“Pero resulta más grave aún -afirmó el legislador riojano- dado el uso evidente de operaciones de inteligencia por parte de la Armada, lo cuál resulta violatorio tanto de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional como de la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional.”.

“La situación del capitán Toulemonde es similar a la que vivieron otros integrantes de la “Promoción 111” de la Armada, la más postergada en los últimos años, como los capitanes de fragata Eduardo Pizzagalli, James Whamond, Gustavo Barreto, Jorge Sciurano y Marcelo Barbich, pasados a retiro el año pasado por "portación de apellido", y el pedido de pase a retiro del contraalmirante Carlos B. Castro Madero en solidaridad con sus compañeros”, indicó Martínez.

Para el diputado Martínez, “esta política persecutoria, que vulnera todas las garantías constitucionales que cualquier ciudadano argentino, al margen de su condición civil o militar, debería poseer, es un elemento más que se suma a la serie de desbordes cotidianos de un gobierno con una incuestionable legitimidad democrática de origen, pero con un ejercicio de los resortes de gobierno cada día más autoritario”.

“Resultaría saludable que el gobierno se dedicara a profesionalizar nuestras fuerzas armadas, dotándolas de los recursos necesarios para poder cumplir con su misión, que a perseguir a sus integrantes, la inmensa mayoría de los cuales no tienen vínculo alguno con nuestro vergonzoso pasado y han dado sobradas muestras de compromiso, respeto y adhesión al sistema democrático de gobierno”, concluyó el diputado radical.

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