domingo, 27 de noviembre de 2011

Muchos problemas, pocos psicólogos




Dentro de la institución policial es vox populi que el equipo de profesionales para atender problemas psicológicos o psiquiátricos es insuficiente. Basta dialogar con cualquier agente para comprobar lo evidente. Recién desde el 2004 la policía cuenta con profesionales de la psicología para que analicen su ingreso a la institución. Por lo tanto, hay miles de policías que nunca se hicieron ni un test.
Desde el 2006 la Policía de La Rioja cuenta con dos psicólogos organizacionales en la Escuela de Policía y una psicóloga en Sanidad Policial que funciona en la Comisaría Primera, frente a la plaza 9 de Julio. Pasaron seis años y desde la institución confirmaron que casi no hubo cambios.

DataRioja consultó con diversas fuentes y todas coinciden: el gobierno aprueba leyes para mejorar el servicio policial, pero no invierte ni recursos humanos ni materiales para su funcionamiento.

Según información oficial en Sanidad Policial trabaja un solo profesional que analiza las carpetas médicas según los pedidos que los jefes hacen sobre sus subalternos en caso de que los vean con problemas o en los ascensos al que cada agente tiene la posibilidad de acceder cada cuatro años. Entonces surgen rápidamente dos interrogantes: ¿Siempre se da cuenta una autoridad que sus subalternos están mal o pueden tener alguna alteración? Y ¿Quién manda a los jefes a ver al psicólogo?

La institución policial está formada por dos tipos de agentes: los suboficiales que realizan un curso de 8 meses luego del cual salen a la calle con uniforme y arma. Y los oficiales que deben prepararse tres años y rendir varias materias. Los psicólogos organizacionales son los que analizan el ingreso de ambos cursos en la Escuela de Policía. Los ingresantes tienen entre 18 y 25 años.

Según los registros que tiene la institución recién en el 2004 la institución convocó a un psicólogo. El suicidio de un joven de la Escuela de Policía en el 2003 provocó una sacudida en la institución por lo que Aberto Paredes Urquiza, quien era Secretario de Seguridad, comenzó a gestionar el nombramiento de un profesional para analizar a los aspirantes de la Escuela de Policía.

DataRioja realizó un informe especial en el 2006 y a partir de los acontecimientos de los últimos días lo actualizó. Dialogó con diferentes fuentes policiales de manera extraoficial, y confirmó que nada ha cambiado. Los problemas de salud vinculados a la depresión y otros trastornos psicológicos y mentales siguen siendo un tema tabú dentro de las fuerzas de seguridad. El que un policía tenga que ir al psicólogo sigue sin ser bien visto.

Desde hace varios años existe una ley que ordena crear un gabinete de medicina laboral, sin embargo es algo que sigue en pañales. Tampoco hay una cocientización paulatina sobre la importancia de la salud mental y su tratamiento entre los policías, motivada desde el propio Estado. Y esto no solo se evidencia internamente, sino también en las decisiones de gobierno. APOS por ejemplo –la obra social del 90 pro ciento de los riojanos- no cubre la atención psicológica ni al personal civil ni al policial.

Casi nadie pasa por el diván

Un agente solo pasa por un profesional de la psicología cuando ingresa a la institución y siempre y cuando haya ingresado a partir del 2004. Todos los policías que se incorporaron antes de esa fecha no fueron analizados. Además, los agentes que ya están trabajando en la fuerza, ya sean oficiales o suboficiales, llegan a visitar al psicólogo de Sanidad Policial cuando unos de sus jefes los envía, para tramitar una carpeta médica o porque su legajo va a ser analizado para un ascenso.

Aquí surge otro inconveniente. En el caso que el profesional detecte algo que le imposibilite al policía seguir trabajando, como en el caso de una depresión, recomienda que el agente sea pasado a tareas pasivas (administrativas), donde no puede llevar armas. En estos casos el agente ve reducido su sueldo en un 25 por ciento y cuando llega a los dos años en esta situación le dan de baja. Por lo tanto, es común que haya reticencia a someterse a este tipo de diagnóstico, ya que peligra su estabilidad laboral.

Y mientras desde la propia institución policial reconocen que “el stress que genera este tipo de trabajo requiere de una atención y contención permanente”, en el caso que el psicólogo de la policía le prescriba un tratamiento, el agente debe realizarlo en un hospital o dispensario, siempre y cuando haya profesionales disponibles. En caso que no consiga, se lo debe pagar el paciente sin ninguna posibilidad de cobertura por parte de la obra social.

Redacción DataRioja

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