Mientras miles de personas pelean por un pedacito de tierra, el poder se la reparte
Esta semana, decenas de familias fueron desalojadas “por usurpar tierras del Estado”. Policías equipados para causar dolor, “llegaron, nos patearon todo, pasaron con máquinas y prendieron fuego a las poquitas cosas que teníamos. Lo perdimos todo”
Es así cómo el gobierno avanzó sobre pobladores sin defensa, y actuó con todo el rigor, llegando al extremo de quemar las pertenencias de los mismos, cuando del otro lado de la moneda es el mismo gobierno quien avanza sobre tierras de privados, las desmonta y alambra con promesas de obras millonarias y jamás pagan por ellas.
Como vemos el Estado actúa de diferentes maneras, dependiendo de qué lado del mostrador se encuentra.
El tema tierras en nuestra Rioja es un tema que desde siempre mostró irregularidades. De hecho, el ex gobernador Angel Maza fue destituido por el actual Beder Herrera, por irregularidades con tierras en su gestión.
El gobernador Herrera ni bien llegó a la Casa de Gobierno prometió regularizar el abuso con las tierras riojanas y lejos de hacerlo, lo irregularizó aun más.
Cerca de 2 millones de hectáreas de nuestra tierra fueron entregadas a corporaciones mineras y miles de hectáreas son entregadas cada año a amigos y parientes del poder. Nuevos empresarios de la producción surgen de la noche a la mañana con grandes extensiones de tierra lista para sembrar.
Desmontes, pozos de agua –que están prohibidos por el IPALAR- y cierres perimetrales de primera calidad, se pueden ver desde todos los puntos cardinales del Departamento. Son de nuevos dueños anónimos (en los papeles), aunque las caras visibles son conocidas por todos los ciudadanos.
El gobernador y su entorno es uno de los mayores terratenientes de la provincia. El mismo que señala con su dedo acusador que no aceptará la usurpación porque es un delito, no opina lo mismo cuando su gestión ingresa en tierra ajena y la declara de utilidad pública, aunque luego se la use para una SAPEM, (Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria) que desde el momento en que tienen acciones de privados, dejan de ser públicas.
Miran hacia el futuro como si tuvieran la bola de cristal. Adivinan por dónde se construirán caminos, puentes y escuelas… y luego de unos años, aparecen con tierras en lugares que como por arte de magia serán urbanos. Usan sus diputados para declarar leyes. Las aprueban y luego con todo el peso de la ley que ellos mismos escriben, ingresan en las tierras con toda la inmunidad que ellos mismos se otorgan, amparándose en la “solidaridad y el beneficio de la comunidad”.
Pero se olvidan de la solidaridad y de los beneficios de la comunidad, cuando los afectados son sus propios intereses.
Veamos el caso de Fernando Rejal: Ex diputado nacional, provincial y ex intendente. En 2011 –mientras era diputado- declaró de interés público una tierra de Vichigasta, casualmente lindante a una tierra de su propiedad. Meses después instaló una SAPEM de maíz en la extensión de las dos tierras y los legítimos dueños de la misma, aun esperan para poder cobrar. Luego de meses y meses de negociación con el Estado, un abogado de Tierras le dijo al abogado de la familia Turco, propietaria de la tierra donde se explota la SAPEM “Los Cerrillos”: “Decile a tu cliente que haga todos los juicios que quiera”.
En el mismo lapso, el mismo Rejal era candidato a Intendente de Chilecito, y mantenía un juicio por la expropiación que el Estado le hizo a una de sus tierras en la Avenida Circunvalación. Una avenida que sería de utilidad pública, debido a que por ahí circularían los vehículos de todos los ciudadanos de esta tierra. Pero, eso no importó. El juicio se llevó a cabo, Rejal trabó embargo al municipio local y finalmente cobró por sus tierras.
Éxito rotundo para negociar y cobrar una expropiación. Un éxito totalmente alejado de las familias, Andrada, Barberis, Aguilar y Turco… entre otras decenas de familias, que desde hace años aun esperan cobrar lo que les corresponde por sus tierras.
El gobernador no los escucha. Mira para otro lado. Lee el diario de Irigoyen y se rodea de otra realidad. Vive como un dueño absoluto al que todo le resbala.
Avanza con beneficios para amigos y entenados y se niega a otorgar por ley una terreno mínimo para cada ciudadano que no posea tierra. “Tratan a las tierras fiscales como fiscales cuando les conviene”, dice el abogado de la familia Turco.
En nuestra Rioja, los favores entre el poder son moneda corriente. Mientras la comunidad ve cómo los que más tienen se reparten lo poco de los que menos tienen.
Dueños de todo, que a través de suciedades entre anónimos, se aprovechan de quienes no pueden hacer nada, frente a un poder que los aplasta con leyes hechas a medidas de sus necesidades, y una Justicia adicta que sólo actúa para alimentar el vicio y la enfermedad de los adictos a la ambición.
Esa es la Justicia Social que promueve este gobierno “democrático”, que acusa con el dedo erguido que no soportará la usurpación, mientras ladrones de guantes blanco piden que los traten de Usted y construyen negocios sobre tierras ajenas, inyectando inversiones imposibles de justificar, tras décadas de administrar la cosa pública.
Al final, el refrán tenía razón: “Administrador que administra y enfermo que hace gárgaras, siempre algo traga”.
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