El expresidente Carlos Menem apeló la condena de siete años de prisión en su contra como coautor del tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador y sostuvo que la pena no está justificada.
Así lo hizo mediante un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal y luego que el 13 de junio pasado el Tribunal Oral Penal Económico 3 impusiera al expresidente la pena de siete años de cárcel.
En simultáneo, la defensa interpuso un recurso extraordinario ante el fallo de la Sala I, la cual en marzo pasado revocó la absolución y condenó a Menem por contrabando, para que la Corte Suprema de Justicia absuelva al expresidente.
"El Tribunal no explica cómo, a su entender y más allá de las afirmaciones conjuntas para todos los imputados, juega la culpabilidad y el grado de injusto en la determinación de la sanción, ni mucho menos cómo se conjugan estos tres conceptos -injusto, culpabilidad, peligrosidad-, por lo que la sentencia carece de adecuada fundamentación", criticaron los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, defensores de Menem.
En ese sentido, la defensa recordó que "en cuanto a la determinación judicial de la penal, se exige la necesidad de contar con una suficiente motivación, según los principios constitucionales", y criticó que los jueces del Tribunal sólo tuvieron como tope para la fijación de la pena lo requerido por el fiscal Marcelo Agüero Vera, quien había pedido ocho años.
"De acuerdo a ello, con la cantidad de elementos a tener en cuenta como atenuantes, no logra advertirse cuáles fueron las razones para que se le aplique a nuestro defendido, solo un año menos que lo solicitado por la parte acusadora", agregó la defensa en el escrito al que accedió Noticias Argentinas.
Rusconi y Palmeiro criticaron que en un primer fallo el Tribunal absolvió a todos los acusados y que, luego de la decisión de revocarlo de la Cámara de Casación, Penal aquel terminó fijando las penas.
En la misma sentencia, el exministro de Defensa Oscar Camilión recibió una pena de cinco años y seis meses de prisión; y en el caso de Menem se agregó un pedido de desafuero a raíz de su condición de senador nacional.
La causa se inició en 1995 por el contrabando que tuvo lugar entre 1991 y 1995 de más de 6.500 toneladas de armas hacia Croacia -cuando allí pesaba un embargo internacional- y a Ecuador, entonces en conflicto armado con Perú, y que tenían como destino original Panamá y Venezuela.
En simultáneo, la defensa interpuso un recurso extraordinario ante el fallo de la Sala I, la cual en marzo pasado revocó la absolución y condenó a Menem por contrabando, para que la Corte Suprema de Justicia absuelva al expresidente.
"El Tribunal no explica cómo, a su entender y más allá de las afirmaciones conjuntas para todos los imputados, juega la culpabilidad y el grado de injusto en la determinación de la sanción, ni mucho menos cómo se conjugan estos tres conceptos -injusto, culpabilidad, peligrosidad-, por lo que la sentencia carece de adecuada fundamentación", criticaron los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, defensores de Menem.
En ese sentido, la defensa recordó que "en cuanto a la determinación judicial de la penal, se exige la necesidad de contar con una suficiente motivación, según los principios constitucionales", y criticó que los jueces del Tribunal sólo tuvieron como tope para la fijación de la pena lo requerido por el fiscal Marcelo Agüero Vera, quien había pedido ocho años.
"De acuerdo a ello, con la cantidad de elementos a tener en cuenta como atenuantes, no logra advertirse cuáles fueron las razones para que se le aplique a nuestro defendido, solo un año menos que lo solicitado por la parte acusadora", agregó la defensa en el escrito al que accedió Noticias Argentinas.
Rusconi y Palmeiro criticaron que en un primer fallo el Tribunal absolvió a todos los acusados y que, luego de la decisión de revocarlo de la Cámara de Casación, Penal aquel terminó fijando las penas.
En la misma sentencia, el exministro de Defensa Oscar Camilión recibió una pena de cinco años y seis meses de prisión; y en el caso de Menem se agregó un pedido de desafuero a raíz de su condición de senador nacional.
La causa se inició en 1995 por el contrabando que tuvo lugar entre 1991 y 1995 de más de 6.500 toneladas de armas hacia Croacia -cuando allí pesaba un embargo internacional- y a Ecuador, entonces en conflicto armado con Perú, y que tenían como destino original Panamá y Venezuela.
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