El pliego de Daniel Reposo llegaría esta semana a la Cámara baja, pero el candidato oficial es resistido. El bloque oficialista que preside Miguel Angel Pichetto necesitará reunir el voto afirmativo de los dos tercios de los presentes, que serían 48 voluntades en caso de que asistan los 72 senadores. El Frente para la Victoria cuenta con 33 senadores propios más -entre otros- Carlos Menem (La Rioja).
El Senado prevé tratar en las primeras semanas de junio el pliego de designación del titular de la SIGEN, Daniel Reposo, como nuevo Procurador General de la Nación, que llegaría a la Cámara esta semana, pero el oficialismo todavía busca los votos para aprobarlo.
El Ejecutivo enviaría el pliego esta semana para que el Senado le de ingreso en la sesión del miércoles, con el fin de que tenga estado parlamentario para comenzar con las audiencias públicas en el marco de la Comisión de Acuerdos, según indicaron fuentes del bloque oficialista.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, afirmó el último miércoles que las audiencias públicas -donde la oposición realizaría fuertes cuestionamientos a la designación de Reposo- comenzarían el 31 de mayo, por lo que se prevé que llegue al recinto en las primeras semanas de junio.
Sin embargo, allí el escenario todavía le es adverso al oficialismo, que aún no cuenta con los votos necesarios para aprobar el pliego, mientras que la oposición, por el contrario, está más cerca de alcanzar el número de voluntades para rechazarlo.
El bloque oficialista que preside Miguel Angel Pichetto necesitará reunir el voto afirmativo de los dos tercios de los presentes, que serían 48 voluntades en caso de que asistan los 72 senadores.
El Frente para la Victoria cuenta con 33 senadores propios más los cinco aliados Roxana Latorre (Santa Fe); Carlos Menem (La Rioja); Horacio Lores (Neuquén); Osvaldo López y María Rosa Díaz (Tierra del Fuego).
Para alcanzar el número necesario, el oficialismo contempla la posibilidad de seducir a los peronistas federales Graciela di Perna y Carlos Reutemann, quienes a diferencia del resto de la oposición acompañaron la votación en particular de la nacionalización de YPF.
Lo mismo ocurre con los justicialistas pampeanos Carlos Verna y María Higonet, mientras que el peronista federal Roberto Basualdo mostró días atrás una postura moderada ante el nombramiento del titular de la SIGEN, aunque no dijo cómo votaría.
Sin embargo, con estos números el oficialismo todavía estaría lejos de alcanzar la mayoría necesaria para aprobar la designación de Reposo, mientras que la oposición tiene más chances de reunir los votos para rechazar el pliego. Y es que con 25 votos (uno más que el tercio) el rechazo al nombramiento de Reposo sería inevitable y la oposición ya cuenta con 21: 16 radicales, 4 del Frente Amplio Progresista (FAP) y uno de la Coalición Cívica.
También se sancionaría la reforma electoral
El proyecto de reforma del Código Electoral, impulsado por el Ejecutivo, que transforma el DNI en un soporte único de tarjeta y elimina la libreta para votar, será tratado esta semana en el recinto del Senado y con su aprobación se convertirá en ley.
La iniciativa fue defendida el pasado martes por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Luego de escuchar la exposición del funcionario, el oficialismo logró darle dictamen a la iniciativa.
El proyecto señala que “el formato de la constancia de voto será establecido en la reglamentación” de la ley, una vez que el proyecto sea aprobado y remitido al Poder Ejecutivo.
A fines de marzo, la presidenta Cristina Kirchner envió al Congreso de la Nación un proyecto para dejar de fabricar el DNI libreta y unificar en una sola tarjeta, que servirá para “hacer absolutamente todos los trámites y cumplir con todas las obligaciones cívicas, incluso en el caso de la emisión del voto”, por lo que deberá modificarse el código electoral.
En cuanto a la constancia de emisión del voto que se entregará a los ciudadanos de ahora en más, el proyecto establece que el Ejecutivo definirá en la reglamentación en torno a la conveniencia del uso de troqueles o de códigos de barras. Más allá de esto, ordena a los funcionarios públicos la obligatoriedad de presentar esta constancia al día siguiente de la elección en sus respectivos trabajos para no ser suspendidos por seis meses. Este fue uno de los puntos que generó más discusión en su tratamiento en particular.
El Senado prevé tratar en las primeras semanas de junio el pliego de designación del titular de la SIGEN, Daniel Reposo, como nuevo Procurador General de la Nación, que llegaría a la Cámara esta semana, pero el oficialismo todavía busca los votos para aprobarlo.
El Ejecutivo enviaría el pliego esta semana para que el Senado le de ingreso en la sesión del miércoles, con el fin de que tenga estado parlamentario para comenzar con las audiencias públicas en el marco de la Comisión de Acuerdos, según indicaron fuentes del bloque oficialista.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, afirmó el último miércoles que las audiencias públicas -donde la oposición realizaría fuertes cuestionamientos a la designación de Reposo- comenzarían el 31 de mayo, por lo que se prevé que llegue al recinto en las primeras semanas de junio.
Sin embargo, allí el escenario todavía le es adverso al oficialismo, que aún no cuenta con los votos necesarios para aprobar el pliego, mientras que la oposición, por el contrario, está más cerca de alcanzar el número de voluntades para rechazarlo.
El bloque oficialista que preside Miguel Angel Pichetto necesitará reunir el voto afirmativo de los dos tercios de los presentes, que serían 48 voluntades en caso de que asistan los 72 senadores.
El Frente para la Victoria cuenta con 33 senadores propios más los cinco aliados Roxana Latorre (Santa Fe); Carlos Menem (La Rioja); Horacio Lores (Neuquén); Osvaldo López y María Rosa Díaz (Tierra del Fuego).
Para alcanzar el número necesario, el oficialismo contempla la posibilidad de seducir a los peronistas federales Graciela di Perna y Carlos Reutemann, quienes a diferencia del resto de la oposición acompañaron la votación en particular de la nacionalización de YPF.
Lo mismo ocurre con los justicialistas pampeanos Carlos Verna y María Higonet, mientras que el peronista federal Roberto Basualdo mostró días atrás una postura moderada ante el nombramiento del titular de la SIGEN, aunque no dijo cómo votaría.
Sin embargo, con estos números el oficialismo todavía estaría lejos de alcanzar la mayoría necesaria para aprobar la designación de Reposo, mientras que la oposición tiene más chances de reunir los votos para rechazar el pliego. Y es que con 25 votos (uno más que el tercio) el rechazo al nombramiento de Reposo sería inevitable y la oposición ya cuenta con 21: 16 radicales, 4 del Frente Amplio Progresista (FAP) y uno de la Coalición Cívica.
También se sancionaría la reforma electoral
El proyecto de reforma del Código Electoral, impulsado por el Ejecutivo, que transforma el DNI en un soporte único de tarjeta y elimina la libreta para votar, será tratado esta semana en el recinto del Senado y con su aprobación se convertirá en ley.
La iniciativa fue defendida el pasado martes por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Luego de escuchar la exposición del funcionario, el oficialismo logró darle dictamen a la iniciativa.
El proyecto señala que “el formato de la constancia de voto será establecido en la reglamentación” de la ley, una vez que el proyecto sea aprobado y remitido al Poder Ejecutivo.
A fines de marzo, la presidenta Cristina Kirchner envió al Congreso de la Nación un proyecto para dejar de fabricar el DNI libreta y unificar en una sola tarjeta, que servirá para “hacer absolutamente todos los trámites y cumplir con todas las obligaciones cívicas, incluso en el caso de la emisión del voto”, por lo que deberá modificarse el código electoral.
En cuanto a la constancia de emisión del voto que se entregará a los ciudadanos de ahora en más, el proyecto establece que el Ejecutivo definirá en la reglamentación en torno a la conveniencia del uso de troqueles o de códigos de barras. Más allá de esto, ordena a los funcionarios públicos la obligatoriedad de presentar esta constancia al día siguiente de la elección en sus respectivos trabajos para no ser suspendidos por seis meses. Este fue uno de los puntos que generó más discusión en su tratamiento en particular.
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