Aguas de La Rioja pagaba celulares de funcionarios y gastaba fortunas en vinos locales
Los diputados del Frente Cívico y Social anunciaron la presentación de una denuncia penal contra funcionarios públicos que desempeñaron cargos en los organismos que tenían que controlar a la ex empresa Aguas de La Rioja. Acusaron al actual Secretario del Agua y a los integrantes del EUCOP.
En conferencia de prensa el Bloque del Frente Cívico y Social anunció que presentará ante la Fiscalía General, una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en contra de todos aquellos que desempeñaron un cargo en los organismos que tenía la función de controlar a la ex empresa Aguas de La Rioja. Pago de celulares por parte de la empresa a funcionarios y más de un millón de pesos en vinos a una empresa vinculada a uno de los ex directivos, son parte de las escandalosas denuncias.
La presentación de la oposición alcanza también a los funcionarios que están en ejercicio como son el presidente del EUCOP, Félix Moya y el secretario de Agua, Germán Gracia, aclararon desde el bloque radical. Los legisladores Guillermo Galván, Judith Díaz Bazán y Juan Amado, piden que se investigue el periodo que va desde marzo de 2002 hasta enero de este año.
Los organismos mencionados en la denuncia son: el EUCOP, la Secretaría del Agua, y los que dependían, en su momento, del Ministerio de Hacienda y de Infraestructura y que tuvieron alguna responsabilidad en el control de la empresa ex concesionaria del servicio de agua y cloacas en Capital, Chilecito y Chamical.
Es la segunda denuncia que llega a la Justicia después que el gobernador Luis Beder Herrera determina rescindir el contrato con la empresa por incumplimiento de contrato. La denuncia del Frente Cívico y Social incluye toda la documentación de las auditorías realizadas sobre la empresa y la denuncia realizada por el fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna. En este sentido Galván precisó que la denuncia del Gobierno solo involucra a algunos directivos de la ex empresa concesionaria y no a los funcionarios públicos que debieron controlar a la concesionaria ni tampoco a aquellos que formaban parte del directorio en representación del Estado.
El Estado riojano ya denunció penalmente por fraude a la ex concesionaria del servicio de agua potable, Aguas de La Rioja en contra de "Jorge Luis Chamas, María Lorena Avellaneda, Jorge Omar De la Fuente y todo aquel que resulte autor, coautor y partícipe de los hechos denunciados infra, por el delito de fraude en contra del Estado provincial".
“En ocho años los organismos de contralor no le hicieron cumplir a la empresa el canon mensual que Aguas de La Rioja debería haber pagado”, señaló Galván ante los medios el martes 6 de abril. Dijo que tampoco le exigieron el plan de inversión anual que la empresa estaba obligada a realizar para mejorar el servicio. “Esto implica que el dinero de los riojanos haya sido destinado para que el Estado Provincial haya hecho las inversiones que la empresa no hizo”, agregó.
El diputado radical también recordó la ausencia de los cinco millones en garantía que la empresa debería haber puesto. “No aparecen en ningún banco, ni caja fuerte de oficina alguna”, denunció.
Galván también hizo referencia concreta a dos funcionarios públicos actualmente en funciones. Sobre Félix Moya del EUCOP dijo que no entiende por qué a dos meses del decreto del Gobernador solicitando que se ejecute esa garantía, eso no se ha cumplido. Y agregó: “Hemos detectado que la empresa de agua les pagaba los teléfonos celulares a Grascia y Moya”. Y recordó que Grascia cumplía dos tareas incompatibles simultáneamente: ser directivo de la empresa en representación del Estado y Secretario del Agua. “Queremos dejar un precedente de que los funcionarios públicos respondamos por nuestros actos”, señaló el diputado.
Hip!
Entre las graves irregularidades que habría realizado la empresa se encuentra la compra de vinos por más de 400 mil pesos. Galván vinculó esta compra a una bodega ubicada en el interior provincial propiedad de uno de los identificados como dueño de la empresa . Además dijo que le dieron 700 mil pesos aparte para financiar esta empresa que nada tenía que ver con Aguas e incluso hasta le habrían pagado gastos personales como la rotura de una camioneta e ingresos brutos, entre otros rubros.
“Ya se entregó el IPSAS, se fundió el banco, la empresa de energía, no puede ser que los directores del Estado hagan lo que quieran y después no se hagan cargo de sus responsabilidades”, señaló el diputado radical y pidió que la Justicia actúe de forma inmediata.
Ya casi al final de la jornada llegó a la mesa de esta redacción una declaración del diputado por Angel Vicente Peñaloza, José Luis González, quien cuestionó el accionar del Presidente del Bloque del Frente Cívico y Social. “El diputado Galván quiere prensa, el cree que con esto está ganando votos. El Gobierno de la Provincia ha tomado las medidas correspondientes con el fiscal de Estado para todos los funcionarios y ex funcionarios que estuviesen involucrados en esta situación. La Justicia tomará las medidas correspondientes”, señaló.
González también defendió a Grascia y dijo que “fue quien mejor expuso la realidad ante el Gobernador”. “Gracia está haciendo un trabajo muy serio. En el Dpto. Angel Vicente Peñaloza no había agua, se hicieron los estudios correspondientes, y para el próximo verano tendremos solucionado el tema de las perforaciones, en caso de que las lluvias sean escasas”, agregó.
La presentación de la oposición alcanza también a los funcionarios que están en ejercicio como son el presidente del EUCOP, Félix Moya y el secretario de Agua, Germán Gracia, aclararon desde el bloque radical. Los legisladores Guillermo Galván, Judith Díaz Bazán y Juan Amado, piden que se investigue el periodo que va desde marzo de 2002 hasta enero de este año.
Los organismos mencionados en la denuncia son: el EUCOP, la Secretaría del Agua, y los que dependían, en su momento, del Ministerio de Hacienda y de Infraestructura y que tuvieron alguna responsabilidad en el control de la empresa ex concesionaria del servicio de agua y cloacas en Capital, Chilecito y Chamical.
Es la segunda denuncia que llega a la Justicia después que el gobernador Luis Beder Herrera determina rescindir el contrato con la empresa por incumplimiento de contrato. La denuncia del Frente Cívico y Social incluye toda la documentación de las auditorías realizadas sobre la empresa y la denuncia realizada por el fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna. En este sentido Galván precisó que la denuncia del Gobierno solo involucra a algunos directivos de la ex empresa concesionaria y no a los funcionarios públicos que debieron controlar a la concesionaria ni tampoco a aquellos que formaban parte del directorio en representación del Estado.
El Estado riojano ya denunció penalmente por fraude a la ex concesionaria del servicio de agua potable, Aguas de La Rioja en contra de "Jorge Luis Chamas, María Lorena Avellaneda, Jorge Omar De la Fuente y todo aquel que resulte autor, coautor y partícipe de los hechos denunciados infra, por el delito de fraude en contra del Estado provincial".
“En ocho años los organismos de contralor no le hicieron cumplir a la empresa el canon mensual que Aguas de La Rioja debería haber pagado”, señaló Galván ante los medios el martes 6 de abril. Dijo que tampoco le exigieron el plan de inversión anual que la empresa estaba obligada a realizar para mejorar el servicio. “Esto implica que el dinero de los riojanos haya sido destinado para que el Estado Provincial haya hecho las inversiones que la empresa no hizo”, agregó.
El diputado radical también recordó la ausencia de los cinco millones en garantía que la empresa debería haber puesto. “No aparecen en ningún banco, ni caja fuerte de oficina alguna”, denunció.
Galván también hizo referencia concreta a dos funcionarios públicos actualmente en funciones. Sobre Félix Moya del EUCOP dijo que no entiende por qué a dos meses del decreto del Gobernador solicitando que se ejecute esa garantía, eso no se ha cumplido. Y agregó: “Hemos detectado que la empresa de agua les pagaba los teléfonos celulares a Grascia y Moya”. Y recordó que Grascia cumplía dos tareas incompatibles simultáneamente: ser directivo de la empresa en representación del Estado y Secretario del Agua. “Queremos dejar un precedente de que los funcionarios públicos respondamos por nuestros actos”, señaló el diputado.
Hip!
Entre las graves irregularidades que habría realizado la empresa se encuentra la compra de vinos por más de 400 mil pesos. Galván vinculó esta compra a una bodega ubicada en el interior provincial propiedad de uno de los identificados como dueño de la empresa . Además dijo que le dieron 700 mil pesos aparte para financiar esta empresa que nada tenía que ver con Aguas e incluso hasta le habrían pagado gastos personales como la rotura de una camioneta e ingresos brutos, entre otros rubros.
“Ya se entregó el IPSAS, se fundió el banco, la empresa de energía, no puede ser que los directores del Estado hagan lo que quieran y después no se hagan cargo de sus responsabilidades”, señaló el diputado radical y pidió que la Justicia actúe de forma inmediata.
Ya casi al final de la jornada llegó a la mesa de esta redacción una declaración del diputado por Angel Vicente Peñaloza, José Luis González, quien cuestionó el accionar del Presidente del Bloque del Frente Cívico y Social. “El diputado Galván quiere prensa, el cree que con esto está ganando votos. El Gobierno de la Provincia ha tomado las medidas correspondientes con el fiscal de Estado para todos los funcionarios y ex funcionarios que estuviesen involucrados en esta situación. La Justicia tomará las medidas correspondientes”, señaló.
González también defendió a Grascia y dijo que “fue quien mejor expuso la realidad ante el Gobernador”. “Gracia está haciendo un trabajo muy serio. En el Dpto. Angel Vicente Peñaloza no había agua, se hicieron los estudios correspondientes, y para el próximo verano tendremos solucionado el tema de las perforaciones, en caso de que las lluvias sean escasas”, agregó.
