Desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia, la cancha de Racing, el club de los amores del mandamás de las dos últimas administraciones, se podría haber llenado 18 veces. Aún sin que en el verde césped corra la pelota; aunque no se escuche un solo acorde de una banda de rock o que la multitud responda a la convocatoria de algún pastor evangélico, todas las tribunas de la cancha del blanquiceleste de Avellaneda se podrían haber llenado con los 903.602 empleados públicos nuevos que se incorporaron a algún nivel de la administración pública desde 2003 hasta fines del año pasado.
Las cifras son elocuentes. Por cada día de administración kirchnerista que hubo hasta el 31 de diciembre pasado, ficharon como nuevos empleados públicos 377 trabajadores. Y si se toma en cuenta que los sábados y domingos no se pudieron firmar actos administrativos para efectivizar nuevos trabajadores, la nómina sube a 529, algo así como 22 por hora. Todo un número.
No hay excepciones de bandería política a la hora de analizar la evolución. Sea la Nación, las provincias, los municipios, los bancos y las empresas, todos en mayor o menor medida han aportado lo suyo a la bolsa general. De acuerdo con un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el empleo público consolidado, es decir incluyendo los tres niveles de gobierno, se estima en 3,13 millones de personas, con un incremento de 911.391 desde 2006 hasta fines de 2009, algo así como 41 por ciento.
Las provincias, ahogadas económicamente, pero con el peso de varios servicios básicos, como la educación, la seguridad y la salud, fueron las grandes contratantes. Sus listados crecieron 47% en seis años, a razón de 92.276 empleados por año. En estos totales no se incluyen los trabajadores de San Luis, La Pampa y Río Negro, las únicas tres provincias que no suministraron datos.
"La dinámica del empleo en la década de 2000 -dice el documento de FIEL elaborado por Juan Luis Bour y Nuria Susmel- es bien diferente de la observada en los 10 años previos, en la que se verificó una caída significativa del empleo directo en empresas públicas, bancos y administración, y una suba más pausada en el empleo de provincias y municipios." Sólo para recordar, a fines de la década del 80, cuando los servicios públicos estaban en manos del Estado, el empleo estatal era 23% del total de trabajadores, con un parcial de 7,6 empleados por cada 100 habitantes. Apenas por recordar algo, Ferrocarriles Argentinos tuvo poco más de 100.000 dependientes. Otras épocas.
Ahora las empresas públicas no son lo que fueron, aunque han vuelto. "Solamente de los datos del Boletín Fiscal [que es una publicación del Ministerio de Economía actualizada al tercer trimestre de 2009] se puede ver que, después de unos años con poco crecimiento, desde 2006, la nómina de empleados públicos creció 130%", dice Fernando Starface, director del Programa de Política y Gestión de Gobierno y próximo director ejecutivo del centro de estudios de políticas públicas (Cippec).
De acuerdo con los datos de FIEL, las empresas públicas empleaban 28.417 trabajadores en 2003, número que pasó a 57.903 a fines de 2009. Dentro de ese universo se cuentan las nuevas empresas estatales como Enarsa, ArSat y AySA; o las que volvieron a manos del Estado, como el Correo Argentino -con 15.280 empleados-, el Ferrocarril Roca, que tiene más de 5000, o Aerolíneas Argentinas, que si bien aún no fue formalmente expropiada, cuenta con casi 10.000 empleados pagados con aportes del Tesoro.
Los datos del Boletín Fiscal dan una idea de cómo se mueven las contrataciones en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Mientras el personal de planta permanente se ha mantenido más o menos estable en 2009, los contratos aumentaron 2%. Claro que mientras algunos ministerios mantuvieron sus dotaciones e incluso las bajaron (por caso, la Presidencia de la Nación pasó de 2272 a 2120), otros aumentaron considerablemente sus nóminas. El Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido, estuvo con la lapicera fácil a la hora de contratar. Sus dependientes eran, a septiembre pasado, 13% más que los que había a principios de año; pasaron de 5074 a 5723.
Las provincias y los municipios han sido muy activas a la hora de contratar personal. En los últimos seis años, los dependientes de los gobernadores pasaron de 1,38 millones a 2,02 millones. Es decir, se crearon 645.934 puestos de trabajo. Gerardo Uña, investigador de la fundación Siena, aporta un dato revelador: "Prácticamente todas las provincias, por cada 10 pesos que gastan en brindar bienes y servicios como educación, salud y seguridad, cinco se destinan a salarios".
Datos del Instituto para el Desarrollo Social (Idesa), elaborados por Jorge Colina con base en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto de Estadística (Indec), muestran que hay ciudades en las que el peso de los empleados públicos en el total de asalariados es enorme. Por ejemplo, en Río Gallegos, 44% del total de trabajadores cobra su sueldo en la ventanilla estatal; en La Rioja y Resistencia, 43% y en Ushuaia y Río Grande, 40%. En el otro extremo está Mar del Plata, que tiene 14 empleados por cada 100 habitantes, o los partidos del Gran Buenos Aires, que tienen 15 sueldos estatales por cada 85 privados.
Ni bueno ni malo
Para Starface no es ni bueno ni malo que el Estado tenga más empleados. "La pregunta que hay que hacerse -dice- es si la calidad de servicios que presta el Estado con esos recursos es buena." Y la pregunta no es nada fácil. Sucede que no hay muchas maneras de medir estos indicadores.
Colina dice que hay que mirar el siguiente dato de la realidad. "La gente que puede abandona muchos servicios públicos. Por ejemplo, se elige una medicina privada o se reemplaza la educación gratuita del Estado por otras pagas y privadas. Y a eso se agrega que se contratan servicios de seguridad privada. Entonces, más allá de que no haya indicadores, la percepción es que la cantidad no asegura la calidad de los servicios", razona.
Los municipios también han estado activos desde 2003 hasta fines de 2009: sus empleados aumentaron 83%, pasaron de 312.080 a 519.827. Explica esto, en parte, claro está, el ahogo de muchas municipalidades.
Bour, de FIEL, dice que en el informe no se incluye la población que se encuentra en programas sociales de diverso tipo, y que a veces termina por incorporarse a los municipios y provincias como empleados de nómina. "Ello indica que podríamos estar subestimando por diversos lados el verdadero tamaño del empleo público", aclara.
Pese a la expansión del empleo privado desde 2003, el sector público no para de crecer. La proporción de trabajo público como porcentaje del total se parece a la de países como Francia o Finlandia. Pero los servicios públicos, aún no.
