Frente al conflicto salarial del personal de Prefectura y Gendarmería
El diputado nacional Julio Martínez aseguró que va a hacer una presentación judicial para que la Justicia determine si a la Presidente de la Nación y los ministros de su gabinete no le caben las sanciones penales previstas en la Ley N° 24.769 de Régimen Penal Tributario por su confesión de pago en negro al personal de las fuerzas armadas y de seguridad”.
“Las protestas que llevan adelante efectivos de la Prefectura y la Gendarmería y el estado deliberativo entre los militares, son la consecuencia de políticas desarrolladas por este Gobierno desde 2003 a la fecha en materia salarial”, sostuvo Martínez.
Para el legislador riojano, “se trató de una política deliberada, en todos los casos, de aumentos en los suplementos y las compensaciones de carácter supuestamente particular, no general, a los efectos de tratar de evadir la incorporación de los mismos al haber mensual. Estos suplementos por responsabilidad de cargo o función, compensación por vivienda, compensación por adquisición de textos y suplemento por mayor exigencia de vestuario, establecidos en virtud de los decretos 1081/73 y su modificatorio 2769/93, fueron sistemáticamente actualizados, para las Fuerzas Armadas, por los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, los cuales además crearon diversos adicionales transitorios. Lo mismo sucedió para el caso de las fuerzas de seguridad”
Martínez puntualizó que todos los decretos llevan la firma de la Sra. Presidenta y de los ministros responsables de las carteras de Defensa y de Seguridad.
“Por tanto, es parcialmente cierto que este Gobierno no creó la mayoría de los adicionales, pero no puede negar públicamente su única e indelegable responsabilidad en el desquicio de llevar dichos adicionales y suplementos a conformar el 60, 70 u 80% del ingreso mensual del personal de nuestras fuerzas armadas y de seguridad”, afirmó el diputado radical.
“Oportunamente advertí que los decretos 1305/6/7 aumentaba el desorden dentro de los haberes, alejándolo de la necesaria relación entre jerarquía y sueldo y profundizando la distorsión creada cuando el gobierno adoptó la modalidad de pagar en negro”, recordó el diputado.
Martínez remarcó que “desde el parlamento propusimos soluciones, pero nunca fuimos escuchados; advertimos que esto iba a pasar y efectivamente pasó. Por eso, Abal Medina no puede endilgar la situación a la picardía de abogados y jueces; fue la pretendida picardía de este Gobierno quien generó la situación y luego pretende evadir sus consecuencias”.
Y sentenció: “Abal Medina, con absoluto desparpajo, no respondió ninguno de los 7 puntos peticionados por el personal de las fuerzas, en una abierta falta de respeto hacia quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestras fronteras”.
Para terminar, Julio Martínez manifestó que “acudiremos a la Justicia para que evalúe si a los ministros y la propia Presidenta les cabe la responsabilidad penal, en tanto empleadores del personal de las fuerzas armadas y de seguridad, de evadir total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, delito explícitamente penado por el Artículo 1° de la Ley N° 24.769 de Régimen Penal Tributario. A confesión de parte, relevo de prueba: fueron Abal Medina y Lorenzino quienes hoy, en conferencia de prensa, reconocieron el pago en negro.”
El diputado nacional Julio Martínez aseguró que va a hacer una presentación judicial para que la Justicia determine si a la Presidente de la Nación y los ministros de su gabinete no le caben las sanciones penales previstas en la Ley N° 24.769 de Régimen Penal Tributario por su confesión de pago en negro al personal de las fuerzas armadas y de seguridad”.
“Las protestas que llevan adelante efectivos de la Prefectura y la Gendarmería y el estado deliberativo entre los militares, son la consecuencia de políticas desarrolladas por este Gobierno desde 2003 a la fecha en materia salarial”, sostuvo Martínez.
Para el legislador riojano, “se trató de una política deliberada, en todos los casos, de aumentos en los suplementos y las compensaciones de carácter supuestamente particular, no general, a los efectos de tratar de evadir la incorporación de los mismos al haber mensual. Estos suplementos por responsabilidad de cargo o función, compensación por vivienda, compensación por adquisición de textos y suplemento por mayor exigencia de vestuario, establecidos en virtud de los decretos 1081/73 y su modificatorio 2769/93, fueron sistemáticamente actualizados, para las Fuerzas Armadas, por los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, los cuales además crearon diversos adicionales transitorios. Lo mismo sucedió para el caso de las fuerzas de seguridad”
Martínez puntualizó que todos los decretos llevan la firma de la Sra. Presidenta y de los ministros responsables de las carteras de Defensa y de Seguridad.
“Por tanto, es parcialmente cierto que este Gobierno no creó la mayoría de los adicionales, pero no puede negar públicamente su única e indelegable responsabilidad en el desquicio de llevar dichos adicionales y suplementos a conformar el 60, 70 u 80% del ingreso mensual del personal de nuestras fuerzas armadas y de seguridad”, afirmó el diputado radical.
“Oportunamente advertí que los decretos 1305/6/7 aumentaba el desorden dentro de los haberes, alejándolo de la necesaria relación entre jerarquía y sueldo y profundizando la distorsión creada cuando el gobierno adoptó la modalidad de pagar en negro”, recordó el diputado.
Martínez remarcó que “desde el parlamento propusimos soluciones, pero nunca fuimos escuchados; advertimos que esto iba a pasar y efectivamente pasó. Por eso, Abal Medina no puede endilgar la situación a la picardía de abogados y jueces; fue la pretendida picardía de este Gobierno quien generó la situación y luego pretende evadir sus consecuencias”.
Y sentenció: “Abal Medina, con absoluto desparpajo, no respondió ninguno de los 7 puntos peticionados por el personal de las fuerzas, en una abierta falta de respeto hacia quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestras fronteras”.
Para terminar, Julio Martínez manifestó que “acudiremos a la Justicia para que evalúe si a los ministros y la propia Presidenta les cabe la responsabilidad penal, en tanto empleadores del personal de las fuerzas armadas y de seguridad, de evadir total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, delito explícitamente penado por el Artículo 1° de la Ley N° 24.769 de Régimen Penal Tributario. A confesión de parte, relevo de prueba: fueron Abal Medina y Lorenzino quienes hoy, en conferencia de prensa, reconocieron el pago en negro.”
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