Si el Senado la convierte en ley la presidenta no la vetará y delegará la resistencia en los gobernadores de las provincias afectadas, quienes ya planearon su contraataque: la desconocerán la norma alegando que la Constitución les asigna el control de los recursos naturales de su territorio.
El jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, lo confirmó por la red social Twitter, uno de sus foros preferidos para expresarse: “El proyecto de Glaciares en tratamiento acarreará complicaciones a las provincias. No lo compartimos. Si se vota, no se vetará. Se promulgará”, aclaró.
La presidenta ya le había adelantado esa posición a los legisladores, que no se modificó ante la aprobación del proyecto en la Cámara baja. Pero eso no significa que esperará plácida que las explotaciones mineras se suspendan, en caso de que el proyecto pase el filtro del Senado: si eso ocurre, serán los gobernadores de las provincias mineras quienes liderarán la embestida para bajar esa ley en la justicia.
Así lo pautaron el pasado 6 de julio en la Casa de Salta los gobernadores de esa provincia (Juan Manuel Urtubey), La Rioja (Beder Herrera), Catamarca (el radical Eduardo Brizuela del Moral), San Juan (José Luis Gioja), Mendoza (Celso Jaque) y Walter Barrionuevo (Jujuy).
Allí también estuvo el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y representantes de las provincias de Río Negro, Neuquén y Catamarca.
Los gobernadores acordaron impulsar proyectos en sus legislaturas que defiendan las explotaciones mineras en sus provincias siempre que se haya comprobado que no dañan el medio ambiente.
Una semana después, la mayoría acompañó a la presidenta a la sede de la empresa canadiense minera Barrick Gold, con concesiones para explotar la minería en la cordillera sanjuanina.
El gobernador Gioja fue justamente el primero en impulsar en su Legislatura un proyecto en defensa de la actividad minera. Se basa en los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional.
El primero es el que habla de la protección y la preservación de los recursos naturales, delega en la Nación la facultad de “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección” y a las provincias “las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
El último párrafo del 124 señala que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. También prevé la creación del Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares, que en un sería el organismo de control que dispondría la norma en San Juan.
Proyectos similares debatirían pronto en La Rioja y Catamarca. Y sería el paso previo a la judicialización del tema.
