El frente judicial no le da tregua al ex presidente, el primero en la historia en ser sometido a juicio oral. Otras dos causas se encaminan al mismo final. La Justicia debería pedir su desafuero.
Después de casi dos años de audiencias el juicio oral por la venta ilegal de armas argentinas a Ecuador y a Croacia que tiene al ex presidente Carlos Menem como principal acusado se encamina a su etapa decisiva. Los cuatrocientos testigos convocados por el tribunal finalizarán su presentación la semana próxima y se espera que en los últimos días de agosto comiencen los alegatos, paso previo a la sentencia. Menem y otros diecisiete ex funcionarios y empresarios vinculados al tráfico de armamento están acusados por “contrabando agravado”, un delito que tiene penas de hasta 14 años de prisión pero que podría multiplicarse si se considera cada embarque por separado y se aplica la sumatoria de condenas. Si el tribunal decide una pena de prisión, la Justicia deberá pedir el desafuero de Menem, protegido por la inmunidad que le otorga su rol de senador nacional. El riojano es el primer ex presidente democrático argentino juzgado en audiencias orales por delitos durante su gestión de gobierno. Y tiene otras dos causas que podrían seguir el mismo camino: el pago de sobresueldos y la concesión del espectro radioeléctrico a la empresa Thales, casos por los que tuvo dos reveses judiciales en los últimos diez días.
Durante los veinte meses que llevan las audiencias ante el Tribunal Oral Penal Económico Nº 3 se ventiló el rol que tuvo en las operaciones irregulares de envío de armas ocurridas entre 1991 y 1995: siete embarques a Croacia cuando pesaba un embargo de la ONU, y tres vuelos con material bélico que llegaron a Ecuador en plena guerra con Perú por la denominada Frontera del Cóndor. Argentina era garante de paz en la disputa bilateral desde la firma del tratado de Río de Janeiro, en 1942. Todos los envíos se cubrieron con dos decretos secretos que tenían como destino declarado de la venta Panamá y Venezuela. Nunca llegaron allí y funcionarios de ambos países declararon en el juicio que jamás habían solicitado presupuesto ni se habían interesado por comprar armas argentinas.
El caso Croacia. Los embarques con armas que llegaron a Croacia comenzaron el 20 de septiembre de 1991, cinco días antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU dispusiera el embargo internacional de armamento en la ex Yugoslavia, plasmado en la resolución CSNU 713. Argentina ocupaba ese año uno de los asientos rotativos en el cuerpo internacional, que una semana antes de decidir el embargo se había reunido a puertas cerradas para tomar la decisión.
Entre la definición política y el anuncio oficial, se produjo el primer envío, que continuaría con otros seis hasta el 2 de febrero de 1995. Otros elementos confirmados en el juicio refuerzan el rol central de Menem en el caso: la venta de armas se formalizó a través de dos decretos ómnibus de carácter “secreto”. En la etapa de instrucción de la causa, el ex presidente dijo que firmaba unos cuatrocientos decretos por año y no podía conocer el detalle de todos.
Pero durante el juicio oral dos ex ministros desarmaron esa excusa. Rodolfo Barra, a cargo de la cartera de Justicia durante dos años, sostuvo que en ese lapso sólo vio “un” decreto secreto, ante la pregunta del fiscal Mariano Borinsky. Y Roque Fernández, ministro de Economía en los últimos tres años, ni siquiera uno. Para graficar la relación con Croacia, el ex titular del Ejército Martín Balza confirmó el mes pasado ante el tribunal oral el encuentro que mantuvieron Menem y el presidente del país balcánico, Franjo Tudjman –la Argentina fue el primer país en reconocer la independencia de la nueva nación– y los dichos de militares croatas respecto de la presencia de armas argentinas en la región.
Esta semana dos ex militares croatas declararán por videoconferencia sobre la presencia de armamento argentino en la región en las audiencias del tribunal oral que integran Gustavo Losada, Luis Imas y Horacio Artabe.
El garante de la paz. El envío de armamento a Ecuador se concretó en tres vuelos que partieron de Ezeiza en febrero de 1995, en pleno conflicto bélico por la frontera del Cóndor, donde la Argentina era garante de paz. También en este caso existen testimonios para vincular a Menem. El ex director general de Política Exterior de la Cancillería, Rafael Grossi, reveló que “la Presidencia de la Nación” se interesó por la demora en el dictamen de la comisión tripartita –Defensa, Relaciones Exteriores y Cancillería– que debían dictaminar en el caso de la venta de armas. Grossi declaró el martes último por videoconferencia desde Viena, donde se desempeña como funcionario del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
El expediente había quedado congelado porque faltaba el certificado de destino final que debía emitir el Ministerio de Defensa, que nunca llegó. Y ante el pedido de Presidencia se siguió el trámite por Economía, último paso antes de llegar a la Casa Rosada para la firma de Menem. “Yo nunca vi el certificado de destino final durante el proceso. Recién vi una copia cuando me la mostró el juez (Jorge) Urso”, contó Grossi ante el tribunal oral. El certificado de destino final es clave en el proceso de venta de armamentos porque evita la triangulación, al establecer el tipo de material y el país receptor. En estos casos, encubrió una operación ilícita porque las armas llegaron a dos países no declarados.
La ruta del dinero. En todas las operaciones ilegales de venta de armamento interviene el intermediario Diego Palleros, a través de sus empresas Debrol y Hyton Trade. Las operaciones involucraron 48 millones de dólares por el total de las armas que llegaron a Croacia y otros 5 millones de dólares por el material que aterrizó en Ecuador. Sin embargo, a la cuenta de la Dirección de Fabricaciones Militares ingresaron sólo 35 millones de dólares.
Los otros 18 millones se repartieron en varias cuentas, la principal, vinculadas con el militar y directivo de Fabricaciones, Edberto González De la Vega, a quien le depositaron 400.000. Aquí aparece también la figura del ex cuñado y asesor presidencial Emir Yoma, ya que los testimonios recibidos en la causa mencionan un retiro “en efectivo” de 200.000 dólares de “personas vinculadas” con el riojano, según declaró Pedro Stier, titular de la offshore Daforel, que recibió parte del dinero de las comisiones. Otro depósito de 400.000 dólares, nunca se retiró. Palleros, De la Vega, Yoma y otros catorce funcionarios que participaron en diferentes instancias del proceso de venta de armas también son parte del juicio, junto con Menem.
Durante los veinte meses que llevan las audiencias ante el Tribunal Oral Penal Económico Nº 3 se ventiló el rol que tuvo en las operaciones irregulares de envío de armas ocurridas entre 1991 y 1995: siete embarques a Croacia cuando pesaba un embargo de la ONU, y tres vuelos con material bélico que llegaron a Ecuador en plena guerra con Perú por la denominada Frontera del Cóndor. Argentina era garante de paz en la disputa bilateral desde la firma del tratado de Río de Janeiro, en 1942. Todos los envíos se cubrieron con dos decretos secretos que tenían como destino declarado de la venta Panamá y Venezuela. Nunca llegaron allí y funcionarios de ambos países declararon en el juicio que jamás habían solicitado presupuesto ni se habían interesado por comprar armas argentinas.
El caso Croacia. Los embarques con armas que llegaron a Croacia comenzaron el 20 de septiembre de 1991, cinco días antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU dispusiera el embargo internacional de armamento en la ex Yugoslavia, plasmado en la resolución CSNU 713. Argentina ocupaba ese año uno de los asientos rotativos en el cuerpo internacional, que una semana antes de decidir el embargo se había reunido a puertas cerradas para tomar la decisión.
Entre la definición política y el anuncio oficial, se produjo el primer envío, que continuaría con otros seis hasta el 2 de febrero de 1995. Otros elementos confirmados en el juicio refuerzan el rol central de Menem en el caso: la venta de armas se formalizó a través de dos decretos ómnibus de carácter “secreto”. En la etapa de instrucción de la causa, el ex presidente dijo que firmaba unos cuatrocientos decretos por año y no podía conocer el detalle de todos.
Pero durante el juicio oral dos ex ministros desarmaron esa excusa. Rodolfo Barra, a cargo de la cartera de Justicia durante dos años, sostuvo que en ese lapso sólo vio “un” decreto secreto, ante la pregunta del fiscal Mariano Borinsky. Y Roque Fernández, ministro de Economía en los últimos tres años, ni siquiera uno. Para graficar la relación con Croacia, el ex titular del Ejército Martín Balza confirmó el mes pasado ante el tribunal oral el encuentro que mantuvieron Menem y el presidente del país balcánico, Franjo Tudjman –la Argentina fue el primer país en reconocer la independencia de la nueva nación– y los dichos de militares croatas respecto de la presencia de armas argentinas en la región.
Esta semana dos ex militares croatas declararán por videoconferencia sobre la presencia de armamento argentino en la región en las audiencias del tribunal oral que integran Gustavo Losada, Luis Imas y Horacio Artabe.
El garante de la paz. El envío de armamento a Ecuador se concretó en tres vuelos que partieron de Ezeiza en febrero de 1995, en pleno conflicto bélico por la frontera del Cóndor, donde la Argentina era garante de paz. También en este caso existen testimonios para vincular a Menem. El ex director general de Política Exterior de la Cancillería, Rafael Grossi, reveló que “la Presidencia de la Nación” se interesó por la demora en el dictamen de la comisión tripartita –Defensa, Relaciones Exteriores y Cancillería– que debían dictaminar en el caso de la venta de armas. Grossi declaró el martes último por videoconferencia desde Viena, donde se desempeña como funcionario del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
El expediente había quedado congelado porque faltaba el certificado de destino final que debía emitir el Ministerio de Defensa, que nunca llegó. Y ante el pedido de Presidencia se siguió el trámite por Economía, último paso antes de llegar a la Casa Rosada para la firma de Menem. “Yo nunca vi el certificado de destino final durante el proceso. Recién vi una copia cuando me la mostró el juez (Jorge) Urso”, contó Grossi ante el tribunal oral. El certificado de destino final es clave en el proceso de venta de armamentos porque evita la triangulación, al establecer el tipo de material y el país receptor. En estos casos, encubrió una operación ilícita porque las armas llegaron a dos países no declarados.
La ruta del dinero. En todas las operaciones ilegales de venta de armamento interviene el intermediario Diego Palleros, a través de sus empresas Debrol y Hyton Trade. Las operaciones involucraron 48 millones de dólares por el total de las armas que llegaron a Croacia y otros 5 millones de dólares por el material que aterrizó en Ecuador. Sin embargo, a la cuenta de la Dirección de Fabricaciones Militares ingresaron sólo 35 millones de dólares.
Los otros 18 millones se repartieron en varias cuentas, la principal, vinculadas con el militar y directivo de Fabricaciones, Edberto González De la Vega, a quien le depositaron 400.000. Aquí aparece también la figura del ex cuñado y asesor presidencial Emir Yoma, ya que los testimonios recibidos en la causa mencionan un retiro “en efectivo” de 200.000 dólares de “personas vinculadas” con el riojano, según declaró Pedro Stier, titular de la offshore Daforel, que recibió parte del dinero de las comisiones. Otro depósito de 400.000 dólares, nunca se retiró. Palleros, De la Vega, Yoma y otros catorce funcionarios que participaron en diferentes instancias del proceso de venta de armas también son parte del juicio, junto con Menem.
