Todo extranjero que quiera invertir en la Argentina sólo tiene que buscar un asesor inmobiliario y elegir qué punto del mapa le conviene más. Apenas es cuestión de contar con el dinero y hacer la operación, ya que no existe en el país una ley federal que regule la venta de tierras a capitales foráneos. Y si de incluso adquirir recursos naturales estratégicos se trata, también están a la venta selvas, bosques nativos y reservas de agua de todo tipo. De las 170 millones de hectáreas productivas que existen en el país, el 20% ya están en manos de capitales extranjeros, entre las tierras vendidas y las ofrecidas.
Según la Federación Agraria, son 34 millones de hectáreas, la misma superficie que ocupa Italia entera, o las provincias de Tucumán, Córdoba, Catamarca y Jujuy sumadas.
“Hoy las guerras a nivel mundial son por el petróleo, pero dentro de 30 o 40 años los conflictos geopolíticos serán por el agua”, asegura el diputado chaqueño por la UCR, Pablo Orsolini. “Desde la mitad de la provincia de Santa Fe hacia el Norte –continúa, en diálogo con Tiempo Argentino–, que abarca la región mesopotámica, se encuentra el Acuífero Guaraní que es el reservorio de agua dulce más importante del planeta. Entonces no es casual que grandes potencias mundiales busquen asentarse en nuestro país donde pueden acceder libremente a zonas estratégicas para el manejo de los recursos naturales. Además, te encontrás que en los suplementos destinados a la comercialización de propiedades de grandes diarios extranjeros se ofrecen tierras en la Argentina, de diferentes estancias en la Patagonia”.
Hay algunos casos emblemáticos que configuran el actual mapa de empresarios millonarios de diferentes partes del mundo que se adueñaron de miles de hectáreas argentinas. El heredero del emporio de los snacks Lays y de la gaseosa Pepsi, Ward Lay, les compró por 4,5 millones de dólares, unas 80 mil hectáreas a los hermanos Benetton en Neuquén. Allí funciona la Estancia Alicurá, donde el magnate oriundo de Texas lleva adelante un proyecto turístico con alojamiento cinco estrellas, coto de caza y lodges de pesca. Para quien quiera ir allí, la habitación ronda los 1200 dólares la noche e incluye un guía especializado por cada cazador.
Por otra parte, el grupo de seguros estadounidense AIG posee junto a la finca Jasimaná en Salta, 1,5 millón de hectáreas: esto es, casi el 7% del territorio provincial.
Mientras tanto, en el sur de la Argentina, los cuatro hermanos Benetton son los reyes de la Patagonia: concentran 970 mil hectáreas en las provincias de Santa Cruz, Neuquén y Río Negro.
El grupo tiene, además, 8000 hectáreas en la localidad bonaerense de Balcarce, donde produce 35 mil toneladas anuales de trigo, maíz y soja.
El inglés Joseph Lewis (propietario de la marca de calzados Puma y Vans, o la cadena de heladerías Freddo y Aroma, entre muchos otros negocios) adquirió 18 mil hectáreas en la provincia de Río Negro; se adueñó incluso del Lago Escondido y hasta instaló una pista de aterrizaje. La justicia rionegrina obligó al polémico empresario a abrir una calle para permitir el libre acceso al lago, ante los insistentes pedidos de los pobladores.
La firma italiana Nettis Impianti, dueña de empresas mineras, petrolíferas y gasíferas compró en La Rioja 418 mil hectáreas en la localidad de Jagué. La intención es utilizar estas tierras como atracción turística para hacer safaris exóticos en la Laguna Brava, un verdadero paraíso ecológico donde pueden apreciarse la belleza de los flamencos rosados.
En Catamarca, un empresario estadounidense dedicado a la fabricación de helicópteros, Peter Lee MacBride, adquirió la hectárea al precio de un chocolate: U$S 3,50. Se trata de una superficie de 117 mil hectáreas, con un pequeño detalle: en esa extensión vivían unos 800 pequeños productores agropecuarios, los cuales permanecen en una disputa judicial por la tenencia de la tierra.
La lista es mucho más extensa, pero la falta de datos oficiales impide tener un registro completo y agiganta las especulaciones. Sólo por citar un caso, este diario solicitó información a la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras, del Ministerio del Interior, encargada de autorizar la venta en las llamadas zonas de seguridad, y la respuesta fue lacónica: “Esa información es confidencial. No la podemos dar.” Lo cierto es que la zona de costas y fronteras es uno de los puntos más críticos. Estas áreas cubren 150 kilómetros desde la Cordillera hacia el centro del país y 50 kilómetros desde las costas en esa misma dirección.
Entre el 2002 y el 2006, en la Secretaría de Seguridad Interior ingresaron 2400 pedidos de inversión, lo que demuestra el alto nivel de interés por estas tierras.
Pero hay un dato aun más grave. En marzo del año pasado, a través de la resolución 166, el Ministerio del Interior liberó a 89 localidades (de 14 provincias) del régimen de previa conformidad que se exige a los extranjeros que desean comprar en el área adyacente a las fronteras argentinas. De este modo, La Quebrada de Humahuaca, las islas del Ibicuy, las zonas vitivinícolas de Tupungato y Tunuyán, Calingasta al norte y Gaiman al sur son algunos de los lugares en los que los extranjeros ahora cuentan con más facilidades para extender sus intereses comerciales. Así lo asegura el ingeniero agrónomo, Walter Pengue, miembro del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires: “La zona más crítica está en la región andina, allí existen áreas ricas en lagos y fuentes de agua que están siendo apropiadas, con restricciones severas a la propia comunidad local. Además, están planificando cómo comercializar esos recursos (agua de vertiente o de glaciar) en el mediano plazo. Esto se debe a la clara falta de una política pública que ordene el territorio en beneficio de los ciudadanos actuales y futuros. No debería haber conflictos, si se manejase el tema con ordenamiento ambiental y territorial participativo. Esto es lo que hay que hacer, y no dejar que cuatro vivos planteen un ordenamiento del territorio en beneficio de unos pocos, escuchando solo a algunos pseudo científicos”, sostiene Pengue.
Mientras tanto, hay más de 30 proyectos legislativos que esperan ser tratados en el Congreso de la Nación. El espíritu de las propuestas más consensuadas por diferentes legisladores de todos los partidos, no es prohibir la venta de tierras, sino que contempla restricciones y límites, sobre todo, a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros. Además prevé la creación de un registro obligatorio para las propiedades.
“En 2002 había 7 millones de hectáreas en manos de extranjeros. Hoy, esa cifra ascendió de manera alarmante –insiste Orsolini–. Entre las tierras vendidas y la que se ofrecen, ya supera las 30 millones de hectáreas”.
Elsa Bruzzone, especialista en geopolítica y autora del libro Las guerras del agua, advierte del peligro que implica para la soberanía de un país que no se regule la tenencia de la tierra. “No hay país en el mundo con una legislación tan flexible como la nuestra. En Japón, algunos estados de los Estados Unidos o Canadá, los extranjeros no pueden comprar tierras y menos si cuentan con recursos naturales. El 20% de la Argentina tiene dueños extranjeros, especialmente en la Patagonia y la Cordillera”. Sólo en la Patagonia, ya hay en manos extranjeras 1.276.316 hectáreas, equivale a 64 veces la Ciudad de Buenos Aires.
