El pedido es para que Silvia Gaitán de Chilecito, Alejandra Oviedo de Chepes y Adriana Olima de Famatina no puedan asumir su banca oficial hasta tanto se expida definitivamente el TJS por el recurso de casación interpuesto por el radicalismo. No obstante afirmaron que de validar el Tribunal la asunción de estos electos, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el escrito presentado, el cual fue acompañado del respectivo certificado emitido por el Tribunal Superior de Justicia, se pone en conocimiento de la Cámara, que el Frente Cívico y Social ha planteado recurso de casación parcial contra la resolución de proclamación de autoridades, emitida por el Tribunal Electoral con fecha 30 de octubre.
Se advierte a la Cámara que, conforme lo ordena el código de procedimientos (Art. 258, inc. 2º), la interposición del mencionado recurso suspende los efectos de la resolución impugnada. En consecuencia, por imperativo legal la Cámara de Diputados debe abstenerse de tomar juramento a las ciudadanas antes indicadas, puesto que las mismas no revisten aún la calidad necesaria para ello.
Al no encontrarse firme la resolución de proclamación como consecuencia del recurso interpuesto, las personas indicadas carecen del título que las acredite como diputadas.
Se advierte que la Cámara debe ajustar su accionar al ordenamiento jurídico vigente; y en consecuencia, debe acatar la suspensión dispuesta por la ley, hasta tanto el Tribunal Superior de Justicia resuelva el recurso de casación actualmente en trámite.
Una actitud en sentido contrario, traería graves consecuencias en el orden institucional y político de la provincia, ya que la nueva conformación de la Legislatura Provincial estaría viciada en sus orígenes, integrada de manera ilegítima; y en caso de obtenerse luego un pronunciamiento acorde a la constitución y a las leyes, todo lo actuado por la Cámara de Diputados sería nulo.
Por último, la Unión Cívica Radical reiteró su reclamo de que la tan mentada “calidad institucional” comience por casa, respetando las reglas de juego preestablecidas y el ordenamiento jurídico vigente en la provincia. La calidad institucional comienza por el respeto básico de las leyes vigentes, algo tan básico como poco practicado en los últimos años en la provincia.
Se advierte que la Cámara debe ajustar su accionar al ordenamiento jurídico vigente; y en consecuencia, debe acatar la suspensión dispuesta por la ley, hasta tanto el Tribunal Superior de Justicia resuelva el recurso de casación actualmente en trámite.
Una actitud en sentido contrario, traería graves consecuencias en el orden institucional y político de la provincia, ya que la nueva conformación de la Legislatura Provincial estaría viciada en sus orígenes, integrada de manera ilegítima; y en caso de obtenerse luego un pronunciamiento acorde a la constitución y a las leyes, todo lo actuado por la Cámara de Diputados sería nulo.
Por último, la Unión Cívica Radical reiteró su reclamo de que la tan mentada “calidad institucional” comience por casa, respetando las reglas de juego preestablecidas y el ordenamiento jurídico vigente en la provincia. La calidad institucional comienza por el respeto básico de las leyes vigentes, algo tan básico como poco practicado en los últimos años en la provincia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario