Ya hace varios meses que el Ministerio de Salud no le está enviando al PAMI los fondos para cubrir la atención médica de 90.000 pensiones por invalidez y ex Combatientes de Malvinas y sus grupos familiares, tal como se había acordado hace varios años. Y cansados de reclamar, sin obtener respuesta, una deuda que suma $ 300 millones, el PAMI decidió dar de baja al convenio, comunicando tal decisión a los prestadores. Ante esta situación, por falta de pagos, muchos prestadores, como médicos o clínicas, dejaron de atender a todas esas familias.
La situación más crítica es la de 4.000 discapacitados, muchos de los cuales están internados en geriátricos, y no pueden ser enviados a sus casas porque no tienen familiares o las familias no disponen de la estructura para atenderlos.
Ayer, sorpresivamente, el Instituto de Jubilados y Pensionados dio a conocer un comunicado de prensa donde “desmiente cambios en la atención de afiliados con pensiones no contributivas”, cuando hasta hoy ningún medio había informado esa situación. Lo que pasó es que ante las consultas de Clarín , el PAMI decidió adelantarse o “atajarse” para aminorar la gravedad por la que atraviesan esas 90.000 familias. La decisión está plasmada en la Resolución N° 546 firmada por Luciano Di Cesare, director ejecutivo del PAMI a fines de mayo pasado.
Allí se dice que por un acuerdo de vieja data, el Ministerio de Salud acordó tomar a su cargo “los gastos derivados de la atención de las prestaciones médicas” de las pensiones no contributivas por invalidez otorgadas antes de enero de 1999 y de los ex Combatientes de Malvinas. Y a tal fin se fijaron los distintos valores a transferir al PAMI de acuerdo a la patología o tipo de atención médica.
Sobre esa base, el PAMI, a su vez, celebró convenios con médicos, laboratorios, clínicas y geriátricos para la atención de esos beneficiarios.
Sin embargo, desde fines del año pasado, el Ministerio de Salud no le fue pagando al PAMI lo comprometido. Y que a pesar de los “diversos reclamos” formulados “mediante notas y otras comunicaciones”, y reuniones convocadas para tratar el asunto, no hubo respuestas de Salud.
Todo esto, según el PAMI, se agravó porque “en el último tiempo además de la deuda creciente se generaron problemas judiciales a partir de reclamos de prestadores contra el PAMI por el atraso por parte del Ministerio”, según consta en la resolución N° 246.
Ahora, y “habiendo agotado todas las instancias de diálogo posibles por incumplimiento” del convenio “por exclusiva culpa de la contraparte” (Ministerio de Salud), Di Cesare resolvió denunciar el convenio, instruir a la Gerencia Jurídica del PAMI para que reclame por vía administrativa y judicial lo adeudado por el Ministerio de Salud e informar de tal decisión a los “prestadores involucrados”.
Según el comunicado del PAMI, la denuncia del convenio “no implica la inmediata rescisión de los acuerdos sino que representa el paso previo a todas las acciones administrativas y judiciales que el Instituto está obligado a impulsar en virtud de los reiterados incumplimientos por parte del Ministerio de Salud”. Y agrega: “Lo que debe quedar claro es que se deberá mantener por parte de los prestadores la operatoria actual hasta la notificación de un nuevo convenio o de la decisión judicial que en definitiva recaiga para el caso de no arribar a un acuerdo con dicha cartera.
Sin embargo, ante la falta de pago, muchos prestadores no quieren seguir atendiendo a esos beneficiarios. Por eso, según los prestadores, “para los afiliados y sus familias, esto significa la pérdida de toda la atención médica, como médicos de cabecera, clínicas, sanatorios, medicamentos, pañales, así como otras prestaciones específicas como hogar, centros de día, escuelas, transporte. Y es más grave para las personas con discapacidad que residen en hogares, quienes en su gran mayoría no cuentan con una familia que se pueda hacer cargo, y presentan discapacidades severas y profundas que requieren asistencia permanente”.
También agregan que la Resolución del PAMI sólo comunica la rescisión del Convenio, nada establece sobre la situación de los afiliados, ni como se va a proceder a partir de ahora con la cobertura prestacional de los mismos. “Se rompe un Convenio que habla de la atención de las personas con discapacidad, pero nada se dice sobre quién va hacerse cargo a partir de ese momento”, le dijeron a Clarín varios prestadores.
Esos prestadores solicitaron en varias oportunidades audiencias y enviaron cartas documento a las autoridades del PAMI para hacerles saber sobre la crítica situación que atraviesan esos beneficiarios, “pero nunca acusaron recibo ni fueron respondidas”.
Actualmente, la atención de las personas con discapacidad con pensiones no contributivas corre por cuenta exclusiva de los prestadores que los atienden, los que deben afrontar todos los costos. Como muchos no pueden continuar con los servicios, ya avisaron que no seguirán con la cobertura hasta tanto el PAMI no pague lo adeudado.
Lo más llamativo es que todo esto traduce una “pelea” entre el PAMI, un organismo público, y el Ministerio de Salud, que tiene como “rehenes” a 90.000 pensionados por invalidez o ex combatientes. Y más todavía porque el propio PAMI reconoce que en las reuniones mantenidas con los funcionarios de Salud no obtuvieron ninguna respuesta. Ahora tienen que recurrir a la vía judicial para cobrar unos $ 300 millones adeudados que se suponen están incluidos en el Presupuesto del Ministerio de Salud.
Ayer Clarín se comunicó con ese Ministerio, sin obtener respuesta alguna.
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