La Cámara Federal porteña declaró la nulidad del sobreseimiento dictado al ex presidente Carlos Menem, sus ex ministros Carlos Corach y Domingo Cavallo y al ex asesor Emir Yoma, en la causa que se les sigue por presunta defraudación al Estado a través de beneficios millonarios concedidos a empresas del Grupo Yoma, según informó Infonews.
El tribunal de apelaciones reabrió así la causa por créditos bancarios irregulares y beneficios impositivos obtenidos por el Grupo Yoma entre 1990 y 1998, y ordenó al juez federal Claudio Bonadio que la retome con urgencia, ante el riesgo de que prescriba por el paso del tiempo.
En la causa deben investigarse como una misma unidad delictiva seis hechos puntuales en las que cuatro empresas del grupo Yoma habrían obtenido beneficios de manera irregular, y un “tratamiento preferencial en virtud de las vinculaciones que tenían sus socios con el poder político en ese momento”.
La sala I de la Cámara declaró nulos los sobreseimientos de Menem; de los ex ministros de Interior, Corach; de Economía, Cavallo; de Educación, Susana Decibe; de Justicia, Elías Jassan; de Defensa, Oscar Camilión y de Trabajo, José Armando Caro Figueroa.
La resolución abarcó además, entre 56 imputados, a Alfredo Carim, Emir, Omar, Guillermo, Naim y Amalia Yoma, junto a ex miembros de los directorios de los bancos que otorgaron millonarios préstamos al Grupo Yoma, sin ningún tipo de aval y sin que fueran devueltos.
Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero advirtieron que al dictar los sobreseimientos el juez Bonadio, a cargo de la causa, efectuó “un análisis segmentado, prescindiendo de todo estudio abarcativo o que atienda la vinculación entre los hechos”. Y remarcaron que hizo un estudio “sesgado y parcial” al haber “omitido un análisis integral de la gestión de los directorios de cada uno de los bancos” oficiales que otorgaron beneficios al Grupo Yoma, en un escenario “preocupante ante la dilación que ha registrado”.
El tribunal advirtió que la investigación abierta en 1995 y con 60 cuerpos y que se refiere a “hechos de gravedad”, fue objeto de un “arbitrario análisis” por parte de Bonadio “desnaturalizando su verdadero sentido y relevancia”.
La Cámara instó además a Bonadio a acelerar el trámite en otra causa conexa, relativa a créditos irregulares otorgados por el Banco Provincia de Buenos Aires a otras empresas del grupo “sin avales ni garantías”, y que no registra movimiento alguno desde hace dos años y medio.
El tribunal de apelaciones reabrió así la causa por créditos bancarios irregulares y beneficios impositivos obtenidos por el Grupo Yoma entre 1990 y 1998, y ordenó al juez federal Claudio Bonadio que la retome con urgencia, ante el riesgo de que prescriba por el paso del tiempo.
En la causa deben investigarse como una misma unidad delictiva seis hechos puntuales en las que cuatro empresas del grupo Yoma habrían obtenido beneficios de manera irregular, y un “tratamiento preferencial en virtud de las vinculaciones que tenían sus socios con el poder político en ese momento”.
La sala I de la Cámara declaró nulos los sobreseimientos de Menem; de los ex ministros de Interior, Corach; de Economía, Cavallo; de Educación, Susana Decibe; de Justicia, Elías Jassan; de Defensa, Oscar Camilión y de Trabajo, José Armando Caro Figueroa.
La resolución abarcó además, entre 56 imputados, a Alfredo Carim, Emir, Omar, Guillermo, Naim y Amalia Yoma, junto a ex miembros de los directorios de los bancos que otorgaron millonarios préstamos al Grupo Yoma, sin ningún tipo de aval y sin que fueran devueltos.
Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero advirtieron que al dictar los sobreseimientos el juez Bonadio, a cargo de la causa, efectuó “un análisis segmentado, prescindiendo de todo estudio abarcativo o que atienda la vinculación entre los hechos”. Y remarcaron que hizo un estudio “sesgado y parcial” al haber “omitido un análisis integral de la gestión de los directorios de cada uno de los bancos” oficiales que otorgaron beneficios al Grupo Yoma, en un escenario “preocupante ante la dilación que ha registrado”.
El tribunal advirtió que la investigación abierta en 1995 y con 60 cuerpos y que se refiere a “hechos de gravedad”, fue objeto de un “arbitrario análisis” por parte de Bonadio “desnaturalizando su verdadero sentido y relevancia”.
La Cámara instó además a Bonadio a acelerar el trámite en otra causa conexa, relativa a créditos irregulares otorgados por el Banco Provincia de Buenos Aires a otras empresas del grupo “sin avales ni garantías”, y que no registra movimiento alguno desde hace dos años y medio.
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