Ante los descuentos que se realizaron a los beneficiarios PIL y no fueron depositados, el diputado provincial Guillermo Galvan realizó una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal, por considerar que hubo "malversación de caudales públicos, peculado e incumplimiento de los deberes como funcionario público". Ortiz es la Secretaria de Hacienda de la comuna capitalina.
En la sede de Fiscalía que se encuentra sobre calle Belgrano de la Capital, el diputado provincial como funcionario público y como ciudadano común, realizó una denuncia penal contra la contadora del municipio capitalino, Claudia Ortiz.
El diputado dijo que la presentación en la justicia es para hacer cumplir obligaciones asumidas por el intendente en convenio firmado en diciembre de 2010, "donde se obliga a garantizar el pago de aportes y contribuciones sociales a personal de la planta PIL, ratificado en otro artículo".
Allí también, se rubricaba la "Igualdad de trato y goce de todos los derechos de trabajadores de planta del municipio". La denuncia es por "Malversación de caudales públicos, peculado e incumplimiento de los deberes como funcionario público".
"Esos descuentos no han impactado", expuso. "Agregado que dan a conocer en el convenio, la obligación de declarar a los PIL ante la Provincia, lo que ocasionó además de los descuentos,que no perciban los aumentos otorgados por el Ejecutivo provincial", comentó.
En tanto, en la denuncia se prevé "Que los funcionarios que desviaron dinero que tenían una finalidad respondan ante la justicia" y adelantó "Que en julio tendrían que estar exigiendo que se deposite la suma de 700 pesos que es lo que se les descontó indebidamente".
Galván puntualizó que la denuncia se radicó contra la contadora Claudia Ortiz y que eleve la responsabilidad a todos los funcionarios, según corresponda.
"Quien no puede aducir desconocimiento de las leyes y del convenio es la contadora Ortiz y a partir de ahí que disponga de medidas, como el secuestro de expedientes, de todos los pagos que se hicieron los últimos ocho meses" enfatizó Galván.
Consignó finalmente que se trata de "Delitos de una gravedad establecida en el Codigo penal, pero nos interesa que respondan y den cumplimiento a los trabajadores".
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