La suspensión del sistema general de preferencias (SGP) de Estados Unidos para la Argentina, que entró en vigencia esta semana, refleja con nitidez la frustración de ese país por la falta de resolución de los conflictos pendientes y la preocupación respecto del deterioro económico local.
Tras 60 días de espera desde que se anunció la medida, durante los cuales el Gobierno tuvo la chance de negociar con dos empresas norteamericanas que reclamaban por una deuda de US$ 400 millones, se eliminaron las preferencias arancelarias para las exportaciones al mercado norteamericano.
Se trata de ventas por unos US$ 400 millones y un beneficio de US$ 30 millones que, aunque no sea tan relevante en términos globales, afectó particularmente a algunas economías regionales. Es el caso de los vinos, maníes, quesos, frutillas, conservas de carne y aceite de oliva. En términos sectoriales, los principales perjudicados son los bienes agrícolas y los químicos.
La sanción se tomó por la presión de las empresas Bluebridge y Azurix sobre el congreso de EE.UU., que es el que decide cuáles son los países que reciben o no este beneficio comercial, ya que no cobraron la deuda por sendos casos que le ganaron al Gobierno en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi).
Mientras que el Gobierno afirma que estas empresas deben cobrar en el país, como cualquier otro acreedor del Estado, las compañías afirman que el tratado bilateral de protección de las inversiones les permitiría cobrar en el exterior y no estar sujetas a restricciones para girar divisas.
Desde hace algunos meses, bancos de Wall Street y el fondo de inversión Gramercy intentan mediar en esta controversia para que ambas compañías acepten cobrar con bonos en Nueva York con quita, como los tenedores de deuda que aceptaron los dos canjes para salir del default.
En principio, las empresas habrían aceptado y contaban con el aval del gobierno norteamericano; fuentes argentinas confirmaron que es una opción que "puede concretarse".
Pero los funcionarios de los departamentos del Tesoro y de Estado que negocian con la Argentina perciben un estancamiento en todos los conflictos pendientes de resolución desde fines de 2001 en la agenda económica bilateral: los holdouts y el Club de París. En el primer caso, los principales acreedores son dos fondos buitre (Dart y Elliott), que presionan fuerte sobre los congresistas norteamericanos para que sancionen al país y ya lograron que EE.UU. vote en contra de créditos para la Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. "La crisis europea pone de manifiesto nuevamente el peligro que representan estos fondos", indicó una fuente del Gobierno.
En el segundo caso, desde fines del 2011 no se registra ningún avance en la negociación, pese a que hace más de un mes la secretaría general del Club de París le pidió a la cartera que lidera Hernán Lorenzino una reunión y una oferta formal para cancelar la deuda de US$ 9000 millones. Trascendió que, además, la discusión está trabada porque España habría planteado a los otros miembros del Club que no acepten negociar con la Argentina mientras el Gobierno no le formule una oferta por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF. La versión fue ratificada por un importante acreedor de la Argentina, pero negada ayer por fuentes diplomáticas españolas.
EE.UU. cree que mientras la Argentina no necesite volver a los mercados internacionales de capitales no se apurará en concretar un acuerdo, aunque éste le pueda generar ingreso de inversión para obras e infraestructura. Tal vez la visita de Lorenzino a Washington, para presentar el próximo lunes un libro del embajador Jorge Argüello sobre el default de 2001, sirva para destrabar parte de estos problemas.
Un atajo por el Ciadi
Justamente Argüello difundió días atrás un informe que informaba que EE.UU. es el segundo inversor extranjero en la Argentina después de España -con un stock de US$ 19.000 millones- y destaca las normas de "protección" para esos capitales.
Sin embargo, la decisión de nacionalizar YPF también provocó dudas en Washington en torno de la estabilidad para las inversiones extranjeras, aunque empresas como Chevron y Exxon mantienen conversaciones con el Gobierno. "Van a invertir en extracción, pero si no cambian los precios y las reglas no son más claras, no habrá inversiones en exploración de riesgo", estimó una calificada fuente a La Nación.
A estos asuntos se agregaron las restricciones para que las empresas giren divisas al exterior e ingresen bienes y servicios al país.
El diagnóstico norteamericano es que, tras el fuerte rebote verificado desde 2003, la economía argentina ya está en recesión y que la salida no será sencilla por el cóctel de políticas elegidas por el Gobierno. "Si la decisión fuera bajar la inflación por medio de la política fiscal y monetaria, el panorama podría ser más alentador, pero no es el camino elegido por el Gobierno", se indicó. De todos modos, Washington no le soltará del todo la mano a la Argentina porque, ante la agudización de la crisis global, no quiere sumar otro escenario de inestabilidad en América latina, indicó la fuente.
Por esta razón, esperará con paciencia la decisión del Fondo Monetario Internacional, que a mediados de año evaluará si la Argentina avanzó en la recuperación de la credibilidad de las estadísticas de precios y PBI del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), perdida en 2007.
Esto también implica que Washington no será quien presione directamente para que la Argentina sea expulsada del G-20 en la cumbre presidencial prevista para el 18 de este mes en México, pese al malhumor de otros países por tratarse del único miembro del grupo que no acepta desde 2007 el análisis de su economía por parte del FMI..
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