En La Rioja, los prostíbulos están amparados por una ley provincial sancionada el 7 de junio de 2007 y velozmente promulgada por el gobernador Luis Beder Herrera, que pertenece al partido justicialista y adhiere al kirchnerismo. Es la única provincia que protege a ese nivel la explotación de la prostitución ajena en locales habilitados.
En el resto del país, el negocio también cuenta con aval político, pero a nivel municipal, a través de ordenanzas. Desde hace un par de años algunas provincias y distritos han aprobado normas para prohibir cualquier local que sirva de pantalla para la explotación sexual de mujeres.
El fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), de la Procuración General de la Nación, pidió en 2010 que la ley riojana 8166 sea declarada inconstitucional por violar la Ley nacional 12.331 –conocida como Ley de Profilaxis– que prohíbe “casas de tolerancia” en el territorio argentino. Lo pidió ante el Juzgado Federal de La Rioja, a cargo de Daniel Rubén Herrera Piedrabuena. Pero el magistrado no se pronunció.
La ley sigue vigente. En la capital riojana, hay al menos cuatro “whisquerías” cerca de la ruta 38, de acuerdo con una investigación de la Ufase. Como propietarios del inmueble donde funcionaba uno de los burdeles figuraban dos personas, que serían hermanos, uno empleado de la AFIP y otro que se habría desempeñado en el Comité Federal de Radiodifusión entre 1989 y 2000, y entre 2002 y 2007 habría trabajado para el gobierno de la provincia, según la pesquisa de la Ufase.
Recién el sábado último, con el revuelo que generó el fallo del caso de Marita Verón, el juez federal Piedrabuena ordenó la clausura de las cuatro “whisquerías”. Y el intendente de la ciudad Ricardo Quintela, a partir de esa decisión, se vio forzado el fin de semana a anunciar que suspenderá las habilitaciones de esos locales a través de un decreto y que pedirá al Concejo Deliberante que las derogue definitivamente e impida que se puedan volver a abrir. La ola de indignación que generó el fallo absolutorio dejó a juez e intendente sin más alternativa que actuar contra las mafias prostibularias.
Apenas un botón de muestra de las complicidades políticas y judiciales que amparan la explotación sexual de mujeres. Aunque Marita Verón fue vista por cinco jóvenes que estuvieron esclavizadas en prostíbulos riojanos regenteados por Irma Medina y sus dos hijos –los tres absueltos en el juicio–, ningún funcionario del gobierno provincial salió a decir nada al respecto.
Solo el diputado radical provincial Juan Amado reaccionó y pidió el martes al gobernador Beder Herrera que llame a sesiones extraordinarias para incluir en el temario la derogación de la Ley 8166. Pero no encontró eco.
La polémica sentencia tucumana confirmó la existencia de una red de trata en La Rioja que operaba con métodos violentos y sádicos sobre las víctimas explotadas.
Por los desgarradores relatos de mujeres que han sido esclavizadas en burdeles se puede concluir que esos sitios son verdaderos centros de tortura. En La Rioja los ampara una ley provincial. Allí a las jóvenes –algunas adolescentes reclutadas bajo engaño se las droga, se las “ablanda” a fuerza de golpes, amenazas y abusos sexuales, y se las somete a continuo de violaciones diarias perpetradas por varones prostituyentes, que pagan y alimentan así el negocio de la trata.
¿Quién puede recordar si es de día o de noche, si pasaron uno o cinco días, si el cabello era rojo o los ojos de la mujer que vieron llorar y decir que tenía una hija llamada Micaela de tres años después de un régimen de tortura semejante? En los fundamentos del fallo que absolvió a los 13 imputados por el secuestro y la promoción de la prostitución de Marita Verón, los jueces alegaron que los testimonios de las víctimas de trata que afirmaron haber visto a la joven tucumana eran inconsistentes y contradictorios.
Recuerdo una entrevista que le hice en 2002 a una chica dominicana, víctima de una red de trata que la trajo al país en la década del ’90, y que fue llevada a un prostíbulo de Tierra del Fuego donde durante meses no vio la luz del día. La explotaban sexualmente en el subsuelo del local.
Tenía entonces menos de 20 años. Cuando pudo escaparse, con la ayuda de un cliente-prostituyente, me contó que se tatuó un sol y una luna en la espalda, para recordar aquellos días en que no tenía noción del tiempo.
Es, además, vergonzoso que los tres jueces de la Sala II de la Cámara Penal tucumana que juzgó el caso de Marita Verón no hayan querido participar de los talleres de capacitación sobre género y trata de personas para explotación sexual para funcionarios judiciales de todo el país promovido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La capacitación es voluntaria. El contenido de los talleres fue elaborado durante 2011 por la Oficina de la Mujer del máximo tribunal juntamente con Ufase. El último año se capacitaron 300 “replicadores” designados por la Ufase y la Justicia y otros 80 que se sumaron del Ministerio de Seguridad, que se encargan de impartir los cursos en cada jurisdicción, en todo el país.
El objetivo de los talleres es que los funcionarios judiciales comprendan las características de la trata para explotación sexual, se sensibilicen en relación con ese flagelo y, de esa forma, se logren eliminar prejuicios y otras barreras que persisten en el ámbito judicial y de las fuerzas de seguridad, que conspiran contra la persecución y sanción del delito.
La mirada sexista y clasista de los jueces tucumanos quedó de manifiesto en los fundamentos del fallo. No le creyeron a ninguna de las víctimas de trata que declararon que vieron a Marita.
También deberían capacitarse funcionarios de los gobiernos provinciales y municipales.
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