DIARIO PERFIL: SECRETOS DE LA DIRIGENCIA POLITICA
El diario Perfil señala este domingo que "la mayoría de los gobernadores se niega a dar a conocer su riqueza (como había reclamado Cristina). Sólo siete exhibieron su declaración jurada. Diecisiete no lo hicieron, entre ellos el riojano Beder Herrera. La excusa de las vacaciones, como dificultad para hacer llegar una información a la que debería poder accederse por internet cayó como anillo al dedo en Río Negro, San Luis, Neuquén, La Rioja y Corrientes.
El patrimonio de los gobernadores, muchos de ellos sospechados y denunciados por enriquecimiento ilícito, es un terreno prácticamente inexplorado. Dos tercios de los mandatarios del país no hacen pública su declaración jurada de bienes, por lo que la información sobre sus riquezas se reduce a versiones periodísticas o rumores políticos. Además, entre algunos de los que declaran también persisten dudas sobre la veracidad de los números.
El debate lo trajo a la arena política Cristina Kirchner cuando en su carta abierta al actor Ricardo Darín intentó correr la discusión sobre el incremento de su patrimonio a lo que ocurre en el resto del país. PERFIL intentó acceder a las declaraciones juradas de todos los gobernadores (y el jefe de Gobierno porteño). El resultado: sólo se tuvo acceso a los datos de siete de ellos. El resto no respondió, acusó imposibilidad por el receso vacacional o directamente evadió la respuesta.
La presentación de declaraciones juradas, en la mayoría de las provincias, está prevista por una Ley de ética pública, aunque en algunos casos no está reglamentada o no se aplica. Además, en una decena de los distritos ese material todavía es secreto y sólo puede acceder un juez, y en otros siete las restricciones para acceder a ellas las vuelve prácticamente secretas (ver infografía). Según la Convención Interamericana contra la Corrupción, las declaraciones juradas son un instrumento clave para prevenir los delitos contra la administración.
En negro. Sobre 17 provincias fue imposible tener acceso a la información. En cuatro casos (Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Santa Cruz), PERFIL insistió por diversas vías pero no logró acceder a sectores del entorno del mandatario que pueda dar alguna respuesta.
Los casos de José Alperovich (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago), precisamente, suelen estar en la mira de sus opositores, que los denuncian por su supuesto incremento patrimonial. En Tucumán todavía no existe una Ley de ética pública. El único dato que se conoce lo aporta la declaración que la mujer del gobernador, Beatriz Rojkés de Alperovich, presentó en el Senado, donde asegura tener un patrimonio de $ 20,6 millones. En Santiago del Estero la ley indica que cualquier ciudadano puede pedir la declaración de los funcionarios, pero en los hechos no se cumple. Ante la falta de información, las versiones sobre el patrimonio de Zamora abundan, y de hecho tiene denuncias judiciales por enriquecimiento ilícito.
Un caso paradigmático es el de Daniel Scioli. En la provincia de Buenos Aires, los ciudadanos deben demostrar “un interés legítimo o la existencia de un interés público comprometido”, para conocer el patrimonio de los funcionarios. Para el gobierno de Scioli, al parecer, la divulgación periodística no entra dentro de ese marco, ya que rechazó diversos pedidos. Voceros del gobernador explicaron que “la declaración jurada del año anterior caducó el 31 de diciembre, la de este año la está armando y está en tiempo de presentarla. Cuando la termine de armar la hará pública”.
Situaciones similares se vieron en San Juan y Mendoza, donde rechazaron la posibilidad de facilitar la declaración. En Jujuy, Chubut, Formosa, Misiones, Entre Ríos PERFIL se comunicó con asesores del gobernador que quedaron en responder pero nunca lo hicieron.
La excusa de las vacaciones, como dificultad para hacer llegar una información a la que debería poder accederse por internet cayó como anillo al dedo en Río Negro, San Luis, Neuquén, La Rioja y Corrientes.
Números. De las presentaciones a las que tuvo acceso PERFIL se desprende que Mauricio Macri es el que declara mayor riqueza. Según la presentación que realizó en 2012, que fue entregada con sencillez por la Escribanía General, el jefe de Gobierno porteño tiene $ 61 millones de patrimonio. Lo llamativo fue que en un año aumentó 85% y desde que asumió, 121%. Cerca de Macri explicaron que los aumentos se deben principalmente a la compra-venta de campos, a la inflación y, que el último caso, fue producto de la herencia de un tío materno.
El gobernador pampeano, Oscar Jorge, también justificó en una herencia (la casa de su suegra) el aumento de 98% de su patrimonio entre 2011 y 2012. En La Pampa, el Tribunal de Cuentas publica todos los años en el Boletín Oficial el listado de todos los funcionarios con el total de activos y pasivos que tienen (sin detalles). El patrimonio de Jorge es de 1,3 millón.
Las declaraciones de José de la Sota (Córdoba) y Jorge Capitanich (Chaco) están subidas a internet. El primero reconoce tener bienes por $ 3,2 millones. Y tiene más de 700 mil pesos en acciones, pero no dice en qué empresa. Capitanich dice tener $ 3,4 millones, de los que se destacan más de 2 millones en depósitos. En su presentación por internet, sin embargo, no se puede conocer el detalle de los bienes.
En tanto, el salteño Juan Urtubey y el santafesino Antonio Bonfatti declararon un patrimonio en torno al millón de pesos. La fueguina Fabiana Ríos, según su declaración jurada, quedó con los números en rojo tras su divorcio (-38.000 pesos), aunque espera la sentencia de un juicio laboral contra el Instituto de Seguridad Social de la provincia.
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