Con facultades energéticas

Tal como estaba previsto y fue anticipado oportunamente por este medio, la Cámara de Diputados sancionó la Ley de Emergencia Energética en la Provincia y, a partir de ese momento, la suerte de la empresa prestataria EDELaR parece haber quedado echada.

La letra chica de la Ley sancionada indica que se declaró el estado de emergencia en la prestación de servicios de generación, transporte y distribución de energía que conforman el sistema eléctrico riojano, tomando como principal argumento la gran “desinversión” por parte de la empresa privatizada.

De esta manera, la Legislatura facultó al Ejecutivo a poder cancelarle la concesión a EDELaR, aunque el objetivo principal del gobierno de Beder Herrera, se sabe, es ante todo garantizar la correcta prestación del servicio, tal como lo viene haciendo en los últimos tiempos y sobre todo en la época más crítica del año, cuando se registran las temperaturas más elevadas y el consumo se incrementa drásticamente generando récords.

La medida, es apenas el puntapié inicial para un problema que requiere de una solución de fondo y que plantea, de entrada nomás, una serie de interrogantes que sólo se podrán dilucidar con el paso del tiempo y las circunstancias, pero que ya no tiene retorno.

Ocurre que el Gobierno entró en tiempo de descuento para resolver de qué manera se prestará en el futuro inmediato el servicio de energía eléctrica en todo el territorio provincial, toda vez que se acaban de abrir las puertas a la etapa final de un proceso que se inició a fines del año pasado cuando el gobernador Luis Beder Herrera calificó de deficitario el servicio y decidió involucrarse en una solución en el mediano plazo, tal como ocurrió en su momento con la empresa que prestaba el servicio de agua.

Si bien, el tema había surgido durante la campaña electoral 2011, sin lugar a dudas que la señal más elocuente de asumir una política al respecto fue la decisión de incorporar representantes del Estado en el directorio de EDELaR y declararse titular de la mayoría de las acciones, por las inversiones realizadas desde el Estado provincial en infraestructura.

Pero el avance definitivo llegó el pasado jueves, cuando al decir del Diputado Mario Guzmán Soria “se tomó una decisión con connotaciones políticas y vamos en camino a la estatización del servicio eléctrico”, lo que deja entrever que el Ejecutivo no descarta la posibilidad de conformar una empresa cien por ciento estatal, en lugar de una SAPEM.

Y es que a nadie puede escapar que para conformar una SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) es necesaria la participación de inversiones privadas, lo que aquí quedaría descartado de plano, dado que es precisamente una empresa privada la que se deja de lado.

A partir de este momento la tarea será ardua, toda vez que lo que está en juego es la prestación de un servicio fundamental para el ciudadano común y que requiere de una fuerte inversión que permita financiar las obras de infraestructura que necesita la Provincia y que, según los cálculos previos, alcanzarían los 400 millones de pesos.

La cifra, escalofriante, habla a las claras de la desinversión en materia energética y pone en evidencia las falencias con las que deberá lidiar el Estado para poder garantizar la continuidad en el servicio de aquí en más, aunque no son pocas las voces que se elevan para afirmar que, en realidad, el Ejecutivo provincial ya lo viene haciendo desde hace un buen tiempo y que la concesión del servicio, como consecuencia lógica de esto, ya no tiene razón de ser.

Pero no todo es tan simple como parece. Muy por el contrario, el Gobierno provincial no sólo debe atender a la cuestión fundamental que significa llevar energía a los riojanos, sino también evaluar la manera en que absorverá a la empresa prestataria y a todos y cada uno de los empleados que en ella se desempeñan.

Es este, justamente, uno de los puntos que mas desvela al gobernador Beder Herrera, atento a lo que significa hoy por hoy la conservación de un puesto de trabajo, en un contexto de crisis económica a nivel nacional que, inevitablemente, comienza a repercutir también en La Rioja, aún cuando las arcas estatales conserven una previsibilidad en lo previo y de cara al 2013.
Y mucho más aún cuando en la semana que pasó llegó finalmente la noticia que casi todos preveían, pero que ninguno se animaba a anunciar oficialmente: el fin del régimen de Promoción Industrial.

Luego de 33 años, dicho beneficio para las industrias radicadas en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis será dado de baja a partir del 2013, teniendo en cuenta los trascendidos que surgieron del Ministerio de Economía de la Nación, que habría resuelto no continuar con la medida debido al alto costo impositivo que tiene sobre sus arcas, estimado en unos ocho mil millones de pesos anuales.

En tanto, los gremialistas de dichas provincias advierten que podrían perderse hasta 40.000 puestos de trabajo (más de 10 mil en La Rioja).

Aquí, fue el secretario de Promoción Miguel De Gaetano el encargado de dar la previsible noticia a los empresarios, al precisar que el Gobierno nacional propone continuar con un régimen de beneficios empresa por empresa.

Asimismo, el funcionario provincial brindó detalles en relación a cómo se plantea la situación de ahora en más y pidió expresamente a empresarios y gremialistas que eviten realizar cualquier medida de fuerza que pudiera entorpecer las relaciones con Nación.

El mensaje, por elevación, toca al diputado nacional Jorge Yoma, quien en los últimos días se desprendió del kirchnerismo para hacer público su descontento -instando a que los empresarios realicen cortes de ruta- por una falta de respuesta de los funcionarios nacionales para este problema que involucra de lleno a La Rioja.

Contrastes

Pero más allá de esta cuestión en particular que de alguna manera excede al Gobierno provincial, es precisamente aquella previsibilidad en las arcas la que le permite a Beder Herrera encarar lo que resta del año con cierta cautela, basando la estrategia económica fundamentalmente en la austeridad en la toma de decisiones. Más que nunca, el gobernador Beder Herrera está sentado sobre la caja y así lo hace saber a través de las medidas que se ponen en marcha.

Esto marca un fuerte contraste, claro está, con lo que ocurre en la Municipalidad de la Capital, donde la falta de previsibilidad obligó al intendente Quintela a tomar drásticas decisiones como la de licenciar a los empleados a partir del 14 de diciembre y hasta el 31 de enero; suspender toda actividad cultural, deportiva o educativa que insuma gasto alguno a su gestión y ratificar que está “parada” toda la obra pública.

A todas luces, lo que el Municipio pretende hacer ver como una asfixia por parte del Gobierno provincial, constituye en realidad la consecuencia lógica de un permanente desfasaje en las arcas comunales y una inexplicable falta de orden en el funcionamiento.

De otra manera, resulta difícil explicar que, una vez puesto en marcha el sistema EASY para la recolección de residuos, no se haya redistribuido al personal que anteriormente realizaba dicha tarea, y aún se siga observando basura en las calles del centro capitalino; ni hablar de los barrios en los que pululan basurales de todo tipo y dimensión.

No obstante, sí es importante destacar que, a esta altura de los acontecimientos, al menos desde el Palacio Ramírez de Velasco soplan vientos bastante menos conflictivos y algunos se atreven, incluso, a hablar de una especie de conciliación propuesta por el intendente Quintela, aunque sería el propio mandatario municipal el menos convencido de esto.

Pero habría sido en relación a esto, precisamente, que llamaron la atención y causaron sorpresa las declaraciones del viceintendente capitalino Armando Molina, quien se expresó a favor de la medida que tomó el Gobierno provincial en relación a la crisis energética.

Las declaraciones de Molina, hablan a todas luces de una especie de acercamiento por parte de las primeras líneas del quintelismo hacia el Ejecutivo provincial aunque, vale decirlo, también podría tratarse de una nueva disonancia entre Molina y Quintela, como ya supo ocurrir en otras ocasiones.

A clases, a pesar de AMP

La educación, sin lugar a dudas, aparece como uno de los pilares de la política del Gobierno provincial, a partir de una serie de acciones que permitieron elevar el paupérrimo nivel escolar, aunque al decir del propio Gobernador, aún queda mucho por hacer.

No obstante, la inversión estatal en esta materia permitió, entre otras cosas, elevar el básico docente a niveles antes impensados, de modo tal que actualmente se ubica entre los mejores pagos del país.

Ejemplo claro de esto es también la paritaria que se abrió hace ya cuatro años y que llevó mejoras al sector en todos los sentidos, logrando también ubicar a La Rioja entre las pocas provincias argentinas que cumplen a rajatabla el objetivo de alcanzar los 190 días de clase.

Sin embargo, uno de los gremios docentes más influyentes en la Provincia como lo es AMP, parece mantener un inconformismo imposible de satisfacer, aún habiendo sido el principal protagonista en la paritaria con la que obtuvieron importantes mejoras.

Es AMP, justamente, el gremio que, aún cuando todavía no concluye el presente ciclo lectivo, ya comenzó a amenazar con medidas de fuerza para evitar el normal comienzo del ciclo lectivo 2013, previsto para el 25 de febrero.

Al parecer, la última y contundente derrota de AMP en las elecciones de la JUETAENO pusieron nervioso a más de uno dentro del gremio, y particularmente a su titular, Rogelio De Leonardi, que ve con ojos incrédulos como de alguna manera comienza a perder terreno dentro del espectro docente.

No obstante, y más allá de toda amenaza gremial, desde el Ministerio de Educación se sostuvo que “los calendarios no se modifican de una manera drástica” y que de manera concordante a la decisión nacional de avanzar en un calendario que contemple el cumplimiento de los 190 días de clases, para el 2013 “está previsto iniciar el ciclo lectivo el 25 de febrero”.