El chiste de vetar la ley que aprobaba el aumento del 82% móvil a los haberes jubilatorios, ha despertado una andanada de críticas contra Cristina Kirchner y promete traerle aún más dolores de cabeza en el corto plazo. ¿Es nulo el acto de la presidenta?
Por caso, en unas horas el abogado Enrique Piragini radicará una denuncia por ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal contra la Presidenta por “abuso de autoridad”, “discriminación”, “subversión institucional” y “violación de los deberes de funcionario público”.
“Al vetar la ley que aprobaba el pago del 82% en los beneficios previsionales, en una clara muestra de discriminación hacia el rezagado sector pasivo, contraviniendo los lineamientos de precedentes jurisprudenciales del más alto tribunal de la nación, la Corte Suprema de Justicia Nacional, y aniquilando la tarea del H. Congreso de la Nación. Además, argumentar que caería en quiebra el sistema provisional implica una alarma tan falaz como innecesaria, traduciendo manipulación política y oportunista de un asunto de estado que incumbe a millones de ciudadanos aportantes que fueron expoliados”, asegura el escrito de marras.
Más adelante, la denuncia marca las contradicciones oficiales al referir lo siguiente: “Sostener que no alcanzaría el dinero para dar cumplimiento a la vetada ley conlleva el contrasentido de seguir subsidiando empresas ostensiblemente deficitarias, como Aerolíneas Argentinas, Fútbol para todos, escandalosa publicidad oficial, confiriendo además un tratamiento privilegiado a los sectores mineros y del juego que gozan de un sistema diferenciado que los beneficia excesivamente, además de las absurdas megaobras y subsidios a empresas de peajes, hidrovías, etc. en desmedro de las arcas del estado y direccionadas a empresarios cercanos al oficialismo, lo cual traduce un claro desmanejo de dineros públicos”.
Finalmente, el escrito aconseja al Poder Ejecutivo: “Si se cortara el irresponsable drenaje de los fondos pertenecientes al ANSES y se implementase una política razonable en obras, subsidios y planes clientelares podrían cumplirse los postulados de la ley vetada”.
Consultado por Tribuna de Periodistas, el abogado Piragini aseguró que “el veto presidencial, en este caso, carece de fundamentos razonables que puedan validarlo, por lo que resulta nulo de nulidad absoluta con base en la doctrina sobre la arbitrariedad convirtiéndolo en una herramienta de mera manipulación oportunista, contrariando los postulados contenidos en el art. 1º de la Constitución Nacional que repudia cualquier clase de autoritarismo al adherir al sistema democrático de gobierno”.
¿Será Justicia?
Christian Sanz
