La situación fiscal de las provincias es difícil y la mayoría terminaría este año 2009, con déficit. Por esto, la Nación avala un proyecto de ley que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal y que el jueves 27/08, ingresó por la Cámara de Diputados.
El texto del proyecto fue redactado por la mendocina Patricia Fadel, diputada y secretaria parlamentaria del bloque K. Lleva la firma de 14 legisladores, entre ellos, algunos que no pertenecen la bancada del Frente para la Victoria, como los opositores Genaro Collantes (Frente Cívico y Social-Catamarca) y Silvia Augsburger (Partido Socialista-Santa Fe).
Entre los puntos más salientes, la norma suspende para los ejercicios 2009 y 2010 el tope de 15% de los recursos corrientes que tienen las provincias para emitir deuda y permite incrementar el gasto público a un nivel superior a la tasa de aumento nominal del PBI.
Además, establece que podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen aumentos de gastos corrientes –por ejemplo, para pagar sueldos y aguinaldos– en detrimento de los gastos de capital y el pago de deuda.
Según pudo saber Urgente24, hasta Hermes Binner se plegó a la movida, encabezada por el gobernador de Mendoza, Celso Jaque. También Juan Schiaretti, y Fabiana Ríos, entre los no alineados con el kirchnerismo.
Los gobernadores de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Chubut, La Pampa, Santiago de Estero, San Juan, Misiones, Santa Cruz y Entre Ríos, son otros de los que adhirieron. Sólo quedaron afuera la capital federal, Corrientes, San Luis y Tucumán.
La norma sería tratada la semana que viene en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, habida cuenta de las necesidades presupuestarias que sufren las provincias.
Lo que concretamente se quiere modificar son los artículos 10, 12, 15 y 19. Los 2 más importantes son, por un lado, el 10, que indica que lo que debe pagarse cada año en concepto de cuota de la deuda pública no puede representar más de 15% de los ingresos corrientes.
El otro, y uno de los más polémicos, es el artículo 19. Este prohíbe cerrar el año fiscal con déficit financiero. El tema es que ahora una provincia puede cerrar en rojo, pero esa jurisdicción no podrá sumarse al Programa de Asistencia Financiera (PAF), durante el próximo ejercicio.
Es decir, si una provincia cierra el año en rojo, el próximo no podrá contar con los fondos del PAF.
El proyecto también propone cambiar el artículo 12 para permitir endeudarse pero para gastos corrientes. El tema es que ahora las provincias pueden tomar créditos pero para capital y lo que necesitan es pagar salarios, insumos y otras cosas.
Por último, el artículo 15 fija que se podrá transferir crédito de gastos de capital (obra pública) a corrientes (pago de sueldo), una medida absolutamente negada en las pautas desde el 2004.
Si el Gobierno de los Kirchner no encuentra una solución rápida, el primer atajo que tienen los mandatarios provinciales para poder pagar salarios (y en algunos casos, el aguinaldo, inclusive) es la vuelta de las cuasi monedas.
¿Volverá el Patacón (Buenos Aires) o el Federal (Entre Ríos), el Lecor (Córdoba), o el Secacor (Corrientes), el Quebracho (Chaco), el Boncafor (Formosa), o Petrom (Mendoza)?
Los mandatarios provinciales lo niegan en público pero lo evalúan en las más herméticas reuniones en busca de soluciones, porque las causas ya las conocen. Son por déficit crónicos, castigos de los Kirchner, malas administraciones (de las cuáles la provincia de Río Negro es uno de los mejores ejemplos), exceso de empleados públicos como Santa Cruz o Tierra del Fuego, y la recesión, que terminó por complicar el panorama.
Son al menos 20 de las 24 provincias las que tienen las cuentas fiscales en rojo. El mes pasado, muchas registraron atrasos en el pago de sueldos y la cuestión dominó la reciente ronda del diálogo entre los gobernadores y la presidente Cristina de Kirchner.
“Es lavarse la manos del endeudamiento de las provincias que llegaron a esta situación gracias a las políticas equivocadas del kirchnerismo. Estoy absolutamente en contra”, le dijo el ex gobernador de la provincia de buenos aires y presidenciable, Felipe Solá.
Su compañero de Unión PRO, Francisco de Narváez, manifestó ante Urgente24, no estar de acuerdo con que esta ley se trate separada del presupuesto nacional para el 2010. “Queremos ver cual es la situación financiera y económica de las Provincias antes de dar un cheque en blanco”.
Desde el socialismo cercano a Hermes Binner la diputada Augsburger dijo que “en este momento es el Estado el que más tiene que asistir a los sectores vulnerables. Aunque planteó diferencias: no está de acuerdo con que el Poder Ejecutivo sea quien en última instancia decida aprobar o no la toma de deuda. De todas maneras apoya la medida.
Llamó la atención la falta de información que tenía sobre el tema el senador de la UCR, Ernesto Sanz. “No voy a opinar sobre un tema que desconozco y que no se si se va a tratar”, le dijo a Urgente24.
Cuando se le respondió que ese tema que el desconocía tenia estado parlamentario y que había sido su comprovinciana del Frente para la Victoria, Patricia Fadel, la que había presentado el proyecto a discutir a instancias del gobernador de Mendoza, Celso Jaque, su sorpresa fue mayúscula. Algo inconcebible para un jefe de bloque, que tiene un ejército de asesores contratados para que lo informen.
Un informe del Banco Central advierte sobre un freno en la tasa de crecimiento de la recaudación y sostiene que las finanzas provinciales "continuarán mostrando una tendencia a debilitarse".
$11.000 millones es la cifra a la que llegaría el déficit de las 24 provincias, según consultoras privadas. $7.500 millones serían sólo de Buenos Aires.
En el caso de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la modificación se tomaría como prenda de negociación para impulsar otras iniciativas, como un aumento de la coparticipación en el impuesto al cheque.
Con las provincias en rojo, el gobierno también tiene la excusa perfecta para aumentar las retenciones a la soja, entre 5% y 10% (del 35% al 40% ó 45%), con el pretexto de coparticipar el 30% de lo recaudado, para financiar obras públicas que desarrollen el interior, a través del fondo sojero, que hoy las mayorías de los gobernadores e intendentes utilizan para pagar sueldos, a pesar de estar prohibido por la misma ley.
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