martes, 11 de marzo de 2008

NO ES UN AUMENTO ES UNA REORDAMIENTO DE ESCALAFON Y EL RESTO ???




Horacio Juárez, TITULAR DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES JUDICIALES









Aumentos de sueldos a funcionarios. Desmentida oficial

La denuncia la hizo la Asociación de Trabajadores Judiciales. El gremio que mantiene un plan de lucha con un paro prolongado en reclamo de un aumento salarial, difundió los alcances de un decreto fechado en febrero, por el cual la Función Ejecutiva actualiza la nómina de cargos de autoridades y funcionarios no escalafonados, situando el sueldo del gobernador en 4.400 pesos de básico mas otros 4.400 no remunerativos. El gobierno lo desmintió.
Mediante un decreto de la Función Ejecutiva provincial, protocolizado el 28 de febrero de 2008, el gobernador Luis Beder Herrera dispuso actualizar la nómina de cargos de autoridades superiores y funcionarios no escalafonados y, de paso, retocar los haberes que cada uno de ellos percibe.

El polémico decreto que desnuda un desliz del gobierno, se conoce en medio de fuertes reclamos salariales de todos los sectores de trabajadores de la Provincia.

La denuncia la hizo el titular de la Asociación de Trabajadores Judiciales, Horacio Juárez, al sostener que “recibimos la grata noticia que no tan sólo los jueces se han aumentado los sueldos con la plata que ganamos los trabajadores saliendo a la calle, sino que ahora el gobernador se ha incrementado su sueldo hasta la suma básica de 4.400 pesos más el cien por ciento del adicional no remunerativo dispuesto por el artículo 3 de la ley 4.437”.

Es decir que percibe como salario básico 4.400 pesos sumado a esto los ítems correspondientes. Pero además y en cumplimiento del artículo 3 de la ley 4.437 se fija el porcentaje adicional por función política del 100 por 100. Es decir que al salario que resulta de adicionar a los 4.400 pesos básicos, se le debe sumar aparte los 4.400 pesos no remunerativos en concepto del adicional.

Según la denuncia de Juárez, por la aplicación del mencionado decreto los ministros tienen un sueldo de 2.700, los secretarios 2.600, subsecretarios 2.500 y administradores generales 2.400 pesos.

Un contador general, un tesorero y un subadministrador tienen un sueldo de 2.350 pesos. En tanto que un subcontador, un subtesorero, un director general, un coordina general, de Area y un director tienen asignados 2.300 pesos. Finalmente un director general tiene un sueldo de 2.250 pesos, un supervisor 1.400 y un promotor social 1.150 pesos.

En la grilla de las autoridades la mayoría tiene establecido un adicional del 100 por ciento. El cargo de coordinador general y el subdirector tienen establecido el 50 por ciento y hay jerarquías sin adicional, se denunció.

Juárez sostuvo que “el pueblo de La Rioja y los trabajadores deben sacar sus propias conclusiones de cual es la política distributiva salarial que pretende implementar Beder Herrera”.

Por otra parte, aseveró que “tan sólo tiene prioridad absoluta su salario, cuando no cumple ni siquiera con los fallos de la Justicia ni con los reclamos de los compañeros trabajadores, a quienes les está diciendo que recién a partir de mayo --“si es que tiene las ganas” ironizó Juárez-- va a atender las cuestiones salariales”.

Rechazo del gobierno y precisiones del Ministerio de Hacienda

El secretario de Prensa y Difusión del Gobierno, Luis Solorza, se refirió a la denuncia hecha por el sindicato de los judiciales y aclaró que "no existe" un aumento de sueldos para los funcionarios y el gobernador.

"Se trata de un reordenamiento del escalafón salarial en virtud de los cargos que quedaron vacantes y no volverán a ser cubiertos", dijo Solorza.


Y defendió al gobernador ante las versiones de un incremento en sus haberes. Señaló que el sueldo del gobernador es de 5.000 pesos, y "es uno de los mas bajos del país", advirtió.

Luego, el Ministerio de Hacienda desvirtuó las denuncias al sostener que el decreto nº 543, del 28 de febrero, "solo establece un reordenamiento de las distintas jerarquías a partir del achicamiento de la planta política".

"Se interpretó erróneamente el concepto que hace mención a la Función Política" y se reiteró que "no existe un aumento salarial", añade el Ministerio que conduce Ricardo Guerra.

De acuerdo al informe, lo que se hizo con ese decreto es simplemente un reordenamiento de las distintas jerarquías que hay en el Estado. "Son las mismas cifras que vienen desde hace muchos años atrás, por lo que no hay ningún tipo de aumento".

Para la cartera de Hacienda, la información manejada en los medios, presentada por la denuncia de los trabajadores judiciales, puede obedecer a un error conceptual con el porcentual al que el decreto alude.

"Este se refiere al concepto función política y si se hubiere leído adecuadamente el artículo de la ley a la cual se hace mención, allí se determina que se refiere a la función política, que es el 30% del básico y al hablar del 100% de ese artículo quiere decir que ese cargo cobra el 100% de la función política, es decir, el 30% de ese básico", explica el informe.

También se manifestó que se va a notar que "hay casos en lo que dice 50% de función política, lo que significa la mitad del 30% del total de la función política, esto es el 15%. Hay casos en los que dice 0% función política, por lo que ese cargo directamente no tiene función política".

Desde Hacienda se destacó que "la función política es un concepto que está expresado en su mismo término y a su vez permite generar una escala salarial razonable".

En ese sentido se puntualizó que el decreto mencionado obedece "al proceso de reordenamiento y achicamiento de la planta política del gobierno provincial, lo que se plasma en este decreto, con denominaciones clásicas, que conforman una pirámide jerárquica, con su correlato salarial".

Y agrega que "había numerosos cargos que hacían a una superestructura política, a la que se disminuyó para acotarla a las necesidades de un Estado como el nuestro".

Por último se reitera que el decreto maneja "los mismos valores que vienen desde hace años, no hay ningún incremento salarial y la confusión con ese porcentaje es conceptual" y remarca que "seguramente no hubo una lectura adecuada de la ley pertinente respecto a la función política, lo que motivó el error conceptual".

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