Fue en el marco de los pedidos de informe que solicitó al municipio de Rosario Vera Peñaloza. “En la rioja, el ministerio público fiscal está al servicio del poder político”, comenzó diciendo el reconocido abogado chepeño Nicolás Eduardo Mercado.
Al ser consultado sobre el accionar de la justicia en el departamento Rosario Vera Peñaloza, Mercado respondió: “Estoy convencido de que en La Rioja, debe existir el acceso a la Información Pública, esto es, que cualquier ciudadano pueda conocer los actos de gobierno, agregando que “en los primeros días del mes de Enero del año 2015, solicité al Vice Intendente de la Municipalidad del Dpto. Rosario Vera Peñaloza, a cargo del Ejecutivo, conocer las transferencias efectuadas al Municipio en el marco del Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero), la cantidad de Automotores que conforman el patrimonio municipal y su procedimiento de compra, y el costo que demando la construcción de un Feedlot, y el destino de los elementos que formaban parte de su infraestructura, al haber sido cerrado y no obtuve ninguna repuesta”.
“Ante la negativa del Sr. Vice Intendente a cargo de la Intendencia, formulé denuncia por ante la fiscalía en turno de la Quinta Circunscripción Judicial, actuaciones en las que claramente el poder político, tomó una clara intervención, al designar un fiscal especial, como es el fiscal de Cámara de la Tercera Circunscripción Judicial, el Dr. Gerardo Luna Corzo, apartando al agente fiscal titular, encomendando el procurador Hugo Montivero, la tarea, también al fiscal de Cámara de la Quinta Circunscripción Julian de La Colina, como si el delito denunciado resultare de una gran complejidad, dos fiscales de cámara, para determinar si existía o no un incumplimiento a los deberes de funcionario público”, cuestionó.
Es ese sentido, Mercado señaló: “El fiscal de cámara de extraña jurisdicción, es decir Luna Corzo ha obviado las diligencias de prueba que había llevado adelante el fiscal de Cámara, con asiento en la ciudad de Chepes, prueba destinada a probar que el Sr. Jesús Orlando Recabarren, conocía perfectamente de la solicitud que ingresó por mesa de entrada, pues mantuve una audiencia con dicho funcionario en su despacho”.
El ese contexto, dijo que “el fiscal pide la desestimación de la denuncia, algo que puede parecer normal, pero la gravedad de lo que pretendo señalar es que no incorpora al expediente las Actas de los testimonios que se receptaron en la fiscalía, y no pide oficio a la asesoría, para ver si Recabarren efectivamente remitió la petición a asesoría, y esto tiene relevancia porque el fiscal Luna Corzo, maliciosamente no incorpora la prueba testimonial, las sacó del expediente y no sé donde se encuentran”.
Aclaró que “esas testimoniales dan cuenta de la reunión que mantuve con el denunciado, donde claramente se lo informó del requerimiento a Recabarren, y éste manifestó que el pedido estaba en Asesoría Jurídica, luego emiten un dictamen diciendo que el viceintendente no tenía dominio del hecho o se confío en su asesor”.
“En otros términos, la prueba que acredita que Recabarren conocía perfectamente que informe se le pedía y que mentía cuando afirmaba que estaba en asesoría, el fiscal no lo incorpora y el juez Isidro Ferrá, a pesar de obrar constancia de que los fiscales con asiento en Chepes, diligenciaban prueba, comparte el dictamen de Luna Corzo y archiva las actuaciones. En pocas palabras, el Ministerio Publico Fiscal, está al servicio del Poder Político”, finalizó.
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